La nucleación de gremios, que representa la voz de los diferentes sectores empresariales del país, compartió un comunicado firmado junto a 129 gremios de la industria, producción, comercio y servicios, en donde brindan su respaldo a la propuesta de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocida como Caja Fiscal.
Entre los firmantes destacados se encuentran varias entidades clave del sector productivo y comercial, como la Asociación Rural del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción, la Federación de Cooperativas de Producción Ltda. y el Centro de Importadores del Paraguay.
El documento presentado por la Feprinco manifiesta que el debate sobre la reforma es “necesario, correcto y no admite más postergaciones”.
En ese aspecto, los gremios urgen a las autoridades a avanzar “hasta el final, con determinación y sin titubeos”. La declaración subraya la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio público y del Presupuesto General de la Nación (PGN).
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En específico, critica la práctica de cubrir los déficits estructurales de la Caja Fiscal con impuestos generales. La federación manifiesta que este mecanismo es “inadecuado e inaceptable“, ya que compromete recursos esenciales que deberían estar destinados a áreas cruciales como educación, salud, seguridad e infraestructura.
Contención del déficit
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en las distintas reuniones con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el “agujero” de la Caja Fiscal cerró en unos US$ 380 millones en el 2025, y que el objetivo con los cambios planteados, es reducir por lo menos “a la mitad” el déficit de manera paulatina.
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En este contexto, el equipo técnico del MEF detalló que, a pesar de que el Estado seguirá cubriendo el déficit de algunos sectores, la reforma propuesta busca reducir el gasto estatal proyectado.
Esto se lograría, en teoría, gracias a la introducción de un aporte del 3% y a los ahorros estimados por la modificación de parámetros clave (edad mínima, años de aporte y tasas de sustitución) para los sectores afectados.
Con ello, según asegura la cartera económica, el gasto sería mayor si no se aplicara ninguna reforma.
El único camino a la equidad
El sector empresarial sugiere que la reforma es el único camino viable para asegurar la previsibilidad y la equidad del sistema a largo plazo.
Si bien reconocen que las transformaciones pueden implicar “costos en el corto plazo“, agregan que las decisiones que se tomen hoy serán determinantes para el futuro de los jubilados, las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones esenciales.
Derechos adquiridos vs. mera expectativa
En diálogo con ABC, el presidente de la Feprinco, Ing. Enrique Duarte, enfatizó que un eje central del debate es la correcta distinción entre “derechos adquiridos” y “derechos en expectativa”.
Explicó que los derechos adquiridos corresponden solo a quienes ya gozan del beneficio jubilatorio y no pueden ser modificados por una nueva ley.
En contraste, quienes aún aportan al sistema no tienen un derecho consolidado, sino una expectativa cuyas condiciones pueden ajustarse en función de la sostenibilidad del régimen previsional.
Duarte remarcó que la reforma impulsada no vulnera derechos adquiridos, sino que introduce cambios graduales para aquellos que todavía no se han jubilado. Indicó que una flexibilización excesiva en los parámetros clave solo agravaría el déficit del sistema.
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Finalmente, reconoció que la reforma puede implicar costos políticos, especialmente en un contexto electoral, pero advirtió que postergar las decisiones comprometería el futuro financiero del Estado.