La reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal, se encuentra en el centro del debate económico y político del país.
Tras acumular un saldo rojo de aproximadamente US$ 380 millones en 2025 según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la presentación del proyecto, que intenta contener el crecimiento del déficit para los próximos años, obtuvo tanto respaldos como fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad.
Para el economista y docente de la Universidad Nacional del Este, Dr. Andrés Laconich, uno de los principales errores del debate actual es tener al “aumento tributario” como una solución inmediata al desequilibrio.
Explicó que este enfoque, impulsado por ciertos sectores de las Fuerzas Públicas que plantean la creación de una tasa al agro, particularmente sobre los cultivos de soja y arroz, sería una visión cortoplacista de un problema estructural mucho más profundo, cuyos costos terminarían trasladándose a toda la economía.
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“Aumentar impuestos para financiar las cajas deficitarias puede dar una sensación de alivio inmediato, pero en el largo plazo los principales perjudicados son los mismos ciudadanos, especialmente los que menos tienen”, advirtió el profesional.
En esa línea, indicó que una mayor presión tributaria generaría inmediatamente un aumento en los niveles de precios en todos los productos, lo que derivará en un deterioro progresivo del salario y del poder de compra, afectando especialmente a quienes menos tienen.
La postura de Laconich coincide con la línea sostenida en las últimas semanas por el MEF, que reiteró la inviabilidad de recurrir a un aumento de la presión tributaria como mecanismo para corregir el déficit del sistema previsional.
Desde la cartera económica sostienen que cualquier incremento en la recaudación que no aborde el problema estructural de fondo, solo generará un alivio transitorio de entre dos y tres años, sin ofrecer una solución sostenible.
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Bajo esta premisa, el proyecto del Ejecutivo establece fijar una edad mínima de 57 años para sectores que hoy no tienen esta exigencia, como docentes, policías, militares y magistrados judiciales.
Asimismo, contempla elevar el aporte obrero del 16% al 19% —sumando una contribución estatal del 3%— y ajustar el cálculo del haber jubilatorio al promedio de los últimos cinco años. Con estos cambios, el MEF proyecta que se podría bajar hasta un 60% el problema los números rojos en la Caja Fiscal.
Un efecto contrario
El economista alertó que subir impuestos más allá de cierto punto puede generar el efecto contrario al buscado.
Según explicó, una mayor carga tributaria puede llevar a reducir la cantidad de empresas y trabajadores que permanecen dentro del sistema formal, ya que muchos optan por pasar a la informalidad para sobrevivir.
Este desplazamiento, sostuvo, termina afectando al empleo formal y debilitando la recaudación, incluso en perjuicio de los sectores que supuestamente se busca proteger.
“Una economía con altos impuestos y elevada informalidad se estanca y pierde competitividad frente a otros países”, enfatizó el experto.
La necesidad de una reforma estructural
Laconich aseguró que una verdadera reforma debería ser estructural, no meramente recaudatoria. En ese punto, sostuvo que uno de los pilares para garantizar la sostenibilidad de las cajas de jubilación es su independencia y gestión autónoma.
Esto implicaría que cada entidad previsional opere separada del Estado, gestionando sus recursos en función de sus propios aportantes y manteniendo cálculos actuariales rigurosos que aseguren su solvencia a largo plazo.
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Además, en esta nueva configuración propuesta por el economista, el Estado debe redefinir su rol: abandonar su función de “financiador de última instancia” para centrarse exclusivamente en la fiscalización.
Su tarea se limitaría a supervisar que estos fondos autónomos cumplan con las normas de transparencia y eficiencia, sin comprometer el dinero de los contribuyentes generales para cubrir déficits.
Laconich concluyó considerando que “no es ético que la población general, incluyendo al sector informal y de menos recursos, sustente con sus impuestos los beneficios de un sector formal que ya cuenta con sus propios aportes”.