Gremios de docentes del sistema público de educación anunciaron ayer una huelga general a partir del 23 de febrero como reacción a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja fiscal) que afecta a las cajas deficitarias de funcionarios públicos, entre ellas la del magisterio nacional.
En la versión modificada que aprobó ayer la Cámara Baja –con apoyo mayoritario del oficialismo cartista-, la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo establece edades mínimas para la jubilación de los docentes, 57 años con 25 años de aporte para la jubilación ordinaria y 55 años con 30 años de aporte para la jubilación extraordinaria.
La reforma establece también un aumento del aporte de los afiliados de las cajas deficitarias, que pasarán de aportar el actual 16 por ciento a un 19 por ciento de sus ingresos. El Estado, mientras tanto, aportará a la Caja fiscal solo un 1 por ciento que será incrementado gradualmente, de forma anual, hasta llegar al 5 por ciento de aporte.
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El Gobierno argumenta que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la Caja fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares según el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Perjudicar a los más pequeños”
Sin embargo, los gremios docentes reaccionaron anunciando una huelga general desde el 23 de febrero, día en que está programado el inicio de clases en instituciones educativas públicas, al considerar que el proyecto de reforma –que aún debe ser tratado en el Senado– fue aprobado con prisa innecesaria y sin una base técnica sólida.
En conversación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien se encuentra actualmente en Israel, dijo que planea reunirse con representantes de los gremios de educadores a su regreso de su viaje.
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“Confío en que podemos acordar caminos para no perjudicar el derecho de los más pequeños”, dijo. Añadió que si bien “todos tienen el derecho de manifestarse”, esas manifestaciones no pueden perjudicar el derecho de los niños a la educación.
“Tenemos que ser creativos en buscar maneras de protestar sin perjudicar a los más pequeños”, subrayó.
“Consecuencias”
El ministro Ramírez enfatizó que su intención es buscar la conciliación y el diálogo, pero advirtió que habrá “consecuencias” si “grupos extremistas” no colaboran en la búsqueda de un consenso.
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Argumentó que la propuesta de reforma de la Caja fiscal “se hizo en salvaguarda de los mismos maestros”, para garantizar que sigan cobrando sus haberes jubilatorios, por lo que dijo tener dificultad entendiendo la reacción del gremio docente de “armar un movimiento que perjudica a los más chicos”.