El presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (Adeppy), Adrián Arévalos, anunció que el gremio presentará propuestas alternativas al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que obtuvo media sanción de la Cámara Baja.
Si bien reconoció el déficit general de la Caja (unos US$ 380 millones al cierre del 2025) y la necesidad de buscar su sostenibilidad, criticó la forma en que el proyecto fue impulsado y cuestionó la justificación del déficit en el sector judicial.
Desde el ámbito de la Magistratura Judicial manifestaron su “disgusto y sorpresa” ante la manera apresurada en que se presentó la iniciativa, y aseguran que se hizo sin escuchar a los gremios involucrados ni considerar aspectos técnicos importantes.
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Lamentó que no se haya cumplido la promesa de diálogo que se había hecho en octubre del 2025, cuando autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometieron a acercar el anteproyecto para su análisis y presentación de propuestas concretas.
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Cuestionamiento al déficit
El defensor público contradijo enfáticamente la narrativa oficial sobre la crisis del sector judicial dentro de la Caja Fiscal.
Basándose en esos informes, Arévalos indicó que el estamento del Poder Judicial mantuvo un superávit continuo desde el año 2011 hasta el 2023.
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“Si se va a tomar en cuenta realmente el principio solidario de la Caja, lo que tiene que ver también con la aplicación del artículo 95 de la Constitución Nacional, tendría que haber una capitalización de inversión de ese superávit, y con el porcentaje incluso del año 2011, ya se cubre el año 2024 y 2025. Entonces, realmente no hay un déficit”, manifestó el representante del sector judicial a una radio de la capital.
Rendición de cuentas
El abogado sugirió que el problema de fondo es la “mala administración de los recursos” y la falta de transparencia. Denunció que en la ley actual y en las propuestas de reforma “nunca hubo una rendición de cuentas” real.
Para evitar que la situación se repita, el presidente de la Adeppy pidió ila inclusión de un artículo que establezca la obligación de realizar un informe actuarial periódico, al menos cada tres años, una medida que el proyecto actual omite.
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Asimismo, informó que tanto la asociación que preside como otros gremios judiciales buscarán reunirse con los senadores para acercar sus propias propuestas, que se centrarán en ajustar parámetros claves del proyecto, como la edad mínima de jubilación y las tasas de sustitución.