La Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP), a través de su presidente, Alcides Albariño Barrios, manifestó “su profunda preocupación y rechazo” a la media sanción del proyecto de reforma de la Caja Fiscal de la Cámara de Diputados.
El titular de la asociación alertó que, de implementarse sin modificaciones la reforma, dejaría a los funcionarios diplomáticos en un vacío legal en materia de previsión social.
El proyecto aprobado por la Cámara Baja, en su artículo 18, menciona la derogación de los artículos 34 al 38 de la Ley N.º 6935/2022, que rige el Servicio Diplomático y Consular.
Estos artículos garantizan el derecho a la jubilación del funcionario y a la pensión para sus familiares, así como pensiones por invalidez o incapacidad permanente y derechos de pensión para cónyuges e hijos menores en caso de fallecimiento en servicio.
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“Al derogar estos artículos, nosotros nos quedamos sin jubilación. ¿Qué sentido tendría seguir pagando nuestro 16% si no vamos a tener jubilación?”, cuestionó Barrios en declaraciones a la 780 AM.
La ADEP argumenta que, al no haber un reemplazo para estas disposiciones, el gremio quedaría sin la garantía de poder acceder a la jubilación, a pesar de sus altos aportes, lo que los dejaría en un “desamparo total”.
Caja superavitaria
El presidente de la ADEP resaltó que el sistema de jubilación de los diplomáticos es superavitario y se sostiene exclusivamente con los aportes del 16% de sus sueldos. Según explicó, estos aportes se realizan tanto en servicio local como en el exterior, que suman aproximadamente US$ 715 mensuales en el extranjero.
Los diplomáticos y consulares escalafonados forman parte del sector de la Administración Pública, dentro del Programa Civil de la Caja Fiscal. Este sector fue el único que registró un superávit en 2025, con un excedente que ascendía a US$ 17 millones.
“El Estado paraguayo, para nosotros en particular, nunca ha aportado un peso”, criticó Barrios.
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A la par, detalló que la carrera diplomática a menudo exige el traslado al exterior, donde “hay algunos países que no permiten que nuestros cónyuges sigan trabajando”, lo que supone un sacrificio profesional que era compensado legalmente.
Por otro lado, Barrios informó que la asociación presentó una nota formal a Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en la que solicitan que se revisen estos puntos específicos para evitar que los diplomáticos se queden “totalmente desprotegidos”.
El documento menciona que, si el texto es aprobado tal cual fue remitido por la Cámara de Diputados, obligaría a que la ADEP recurra a instancias judiciales nacionales e internacionales, con el fin de salvaguardar sus “derechos humanos inalineables”.
No obstante, el gremio reconoció la necesidad de una reforma general de la Caja Fiscal por la insostenibilidad del sistema, que en 2025 acumuló un déficit de US$ 380 millones, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).