La abogada Cecilia Pérez cuestionó los argumentos de los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti para imputar al exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens en la causa del fallido proyecto del metrobús.
Según el Ministerio Público, la imputación se sustenta principalmente en tres puntos de acuerdo a la agente Adle: la no continuidad de las obras, la firma de un acta de entendimiento con la empresa Mota Engil para suspender los trabajos y ejecutar obras de rehabilitación vial no previstas en el contrato, y la demolición de las estaciones inconclusas, lo que habría generado un perjuicio patrimonial al Estado.
Sin embargo, Pérez sostuvo que la paralización de los trabajos fue decidida por la propia contratista Mota Engil, contratada durante la administración de Ramón Jiménez Gaona.
La letrada señaló que Wiens recibió una nota con fecha del 13 de agosto en la que Mota Engil comunicaba la suspensión de las obras y solicitaba el pago adicional de unos US$ 22 millones. “La obra ya estaba paralizada cuando asumió la nueva administración. La empresa fue la que detuvo los trabajos”, afirmó.
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Problemas de diseño y ejecución
Insistió en que, justamente, la paralización de las obras por parte de la empresa contratista fue la que motivó la firma del acta de de entendimiento con la empresa Mota Engil para suspender las obras y realizar la rehabilitación del corredor vial ejecutadas posteriormente. “Se tenía que rehabilitar la avenida, ya que varios comercios habían quebrado”, expresó.
La abogada aseguró que el proyecto presentó falencias desde su origen, principalmente por la falta de un diseño final definitivo, lo que —según dijo— impedía continuar la ejecución.
Sostuvo que el diseño del metrobús se fue modificando durante la ejecución y que tampoco se liberó completamente la franja de dominio ni se obtuvieron los permisos necesarios, por lo que ya no se pudo continuar.
Indicó además que el propio proyecto requería un ancho de avenida que no era viable en algunos tramos, lo que generó dificultades técnicas para su implementación.
Pérez agregó además que el contrato con Mota Engil fue rescindido de manera justificada, lo que posteriormente fue confirmado por un laudo arbitral internacional.
Según explicó, la aseguradora Royal Seguros, vinculada a Juan Carlos López Moreira, exjefe de gabinete del Gobierno de Horacio Cartes, debió pagar alrededor de US$ 6 millones al Estado paraguayo por el incumplimiento contractual, lo que pudo motivar la “venganza política” con la imputación de Wiens.
Demolición y rehabilitación de la avenida
Respecto a la demolición de las estaciones inconclusas, la abogada sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Afirmó que los materiales fueron reutilizados y que los trabajos formaron parte de una recomposición urbana tras la paralización del proyecto.
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Asimismo, defendió las obras de rehabilitación del corredor vial ejecutadas, señalando que se realizaron en el marco de medidas administrativas adoptadas durante la pandemia y que incluyeron la ampliación de la calzada. “Teníamos que rehabilitar la avenida, ya que varios comercios habían quebrado”, expresó.
Cuestionamientos al rol de la Fiscalía
Pérez sostuvo que la investigación fiscal omite responsabilidades de la gestión anterior del MOPC y de la empresa contratista, pese a que —según afirmó— el fracaso del proyecto se originó durante la administración de Ramón Jiménez Gaona.
También cuestionó que el Ministerio Público no haya investigado a directivos de Mota Engil ni a otros responsables vinculados al diseño y ejecución de la obra, nombrando en este sentido a la actual ministra, Claudia Centurión, a quien señala de no prever un diseño al proyecto.
Según manifestó, queda más que claro que la fiscalía quizo favorecer el sobreseimiento del exministro Jiménez Gaona e impulsó la imputación contra Wiens.
“La construcción que hace la Fiscalía es con un fin político y para lograr la impunidad de la gestión de Jiménez Gaona y encontrar en un adversario político una supuesta responsabilidad”, sostuvo.
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Origen de la causa
La denuncia penal sobre el proyecto metrobús fue presentada por el ingeniero Herman Pankow en mayo de 2018. La causa estuvo inicialmente a cargo de la fiscala Nathalia Silva, que tras no realizar ninguna intervención cuando tuvo la causa, ahora volvió a integrar el equipo fiscal que imputó a Wiens y posteriormente pasó por varios agentes interinos.
El caso registró avances recién con la entonces fiscala María Estefanía González, cuando el proceso se encontraba próximo a prescribir, pero esta dejó el caso para asumir como fiscala adjunta.