En un reciente panel debate sobre el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal, organizado por el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), economistas coincidieron que el Paraguay debió encarar una reforma integral hace ya bastante tiempo.
Alertaron que el déficit actual que amenaza con hacer “ingobernable” al país -pues está “comiéndose” recursos importantes que podrían destinarse a salud, educación u otro servicio social indispensable- era una problemática previsible.
Uno de los panelistas fue Julio Fernandez, jefe senior del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), quien expuso sobre los casos de países de Latinoamérica que aplicaron ya desde las décadas de 1980 y 1990 las “reformas clave”, que les permitieron estar “en una situación muy distinta” económicamente a la que hoy se tiene en la Caja Fiscal.
Todos los cambios tuvieron costos políticos
Fernández subrayó que todos estos cambios tuvieron costos políticos y fiscales en los países donde los aplicaron, pero “hubo el coraje de tomar esas decisiones”, a diferencia de lo que está pasando con los políticos paraguayos, que no se están animando a aplicar los cambios en favor del interés general de toda la sociedad por la presión de grupos particulares (maestros, policías y militares y magistrados judiciales).
Sobre ello, lamentó esa especie de “procrastinación” por parte del Gobierno a la hora de tomar medidas, que no mira al futuro a la hora de hacer políticas públicas.
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¿Cómo les fue a otros países de la región?
El economista de la UIP destacó casos como el de Bolivia y El Salvador, que integraron modelos de capitalización en 1997 y 1998 respectivamente, y hoy cuentan con ahorros de más del 50% del PIB. Es decir, US$ 23.000 millones y US$ 13.000 millones en cada caso. Sobre ellos, resaltó que fue una reforma estructural temprana.
Otro ejemplo destacado durante el debate fue Chile, que realizó su reforma en el año 1981, aplicando el sistema de capitalización más el de reparto, más conocido como “solidario”. En Paraguay, rige el sistema solidario, en el que los activos aportan y esos recursos pagan los haberes de los actuales jubilados.
“Chile tiene el casi el 76% del PIB en ahorro. Es decir, tiene US$ 210.000 millones para usarlo durante cuarenta años, para financiar obras públicas, para prestar, para crecer. Tomó una medida hace décadas atrás y resulta que hoy tiene ese monto. Fueron 40 años de acumulación en un mercado financiero profundo”, comentó Fernández.
En contraste, el especialista lamentó que nuestro país cuente con números negativos en su sistema de pensiones del sector público. En tanto que en el privado, el IPS -que todavía no es deficitario pero que se prevé que lo sea-, cuenta con US$ 2000 millones de activos, lo que representa menos del 4% del PIB.
“Eso es así porque no tomamos decisiones a tiempo”, reiteró.
Reforma actual es “razonable” en contexto político
El economista afirmó que la reforma actual planteada por el Gobierno no es una solución de fondo, pero es “la más razonable” dado el contexto político y las dificultades existentes.
Sin embargo, enfatizó que el sistema necesita cambios profundos, y que por cada día que pasa, el costo de esa “procrastinación” es mucho más alto.
Al respecto, lamentó que el país sea uno de los más rezagados del planeta en hacer reformas, y que por razones políticas de corto plazo -como por ejemplo las municipales de este año-, estemos sosteniendo un sistema inviable económicamente.
“Esta postergación que se dio en el tratamiento (de la reforma) fue básicamente por temor a perder elecciones, por temor a perder votos, pero si no se toman medidas (será mucho peor)… Yo no quisiera ser gobernante en un momento en que la situación esté de manera mucho más crítica”, expresó Fernández en el cierre de su ponencia.