A través de una nota que remitió el presidente de Petropar, Eddie Jara, al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, la empresa estatal comunicó que la décima prórroga que otorgaron a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, será la última extensión que le concedan, la que sigue sin entregar una sola gota de las 100.000 toneladas métricas del gasoíl que debía suministrar, por más de US$ 61 millones.
La firma viene incumpliendo la entrega del combustible desde hace un año y cinco meses pero, pese a ello, la estatal volvió a concederle una nueva adenda, que amplió la vigencia del contrato hasta el 30 de abril próximo, dándole otros dos meses de plazo a la empresa.
Todo indica que la petrolera estatal busca evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que supera los US$ 3 millones y que la empresa adjudicada presentó en formato de declaración jurada.
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Lo que dice la nota que Eddie Jara presentó a la Cancillería
En la nota que remitió al canciller, Jara señala que la decisión de conceder la nueva prórroga la adoptaron luego de una comunicación cursada por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la representación diplomática del Estado de Qatar. Sin embargo, ni el titular de la Cancillería ni el presidente de Petropar dieron detalles del contenido de esa gestión diplomática.
El documento que envi´el titular de Petropar explica que, tras esa intervención, la firma adjudicataria presentó formalmente un pedido de prórroga adicional para cumplir con sus obligaciones contractuales, solicitando extender el plazo de entrega del combustible hasta el 30 de abril de 2026.
Según se desprende de la comunicación, la estatal resolvió acceder a esa solicitud “con carácter estrictamente excepcional y por última vez”, argumentando la necesidad de preservar un clima de entendimiento y cooperación bilateral entre Paraguay y el Estado de Catar.
“Última extensión posible dentro de los márgenes jurídicos”
En la nota también se señala que la decisión se adopta “en un marco de prudencia institucional y buena fe”, con el objetivo de agotar todas las instancias razonables que permitan la ejecución efectiva del contrato firmado entre ambas partes.
No obstante, Petropar advierte que la actual prórroga constituye la última extensión posible dentro de los márgenes jurídicos y administrativos que rigen las contrataciones públicas.
En ese sentido, Jara comunicó que, en caso de que la empresa no cumpla íntegramente con la provisión comprometida hasta el 30 de abril de 2026, la estatal procederá a rescindir el contrato, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7.021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su normativa reglamentaria.
La nota agrega que esa determinación responderá a criterios de responsabilidad administrativa, seguridad jurídica y resguardo del interés público, aunque aclara que la medida no implica “menoscabo alguno al aprecio institucional” que el Gobierno paraguayo mantiene hacia el Estado de Catar.
Finalmente, el titular de Petropar solicitó al canciller que, si lo considera pertinente, la actualización de la situación contractual sea comunicada a la representación diplomática de Qatar acreditada en el país.
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Posible violación de la ley
Pero lo que no menciona Petropar es que en este contrato estarían violando la Ley N° 7021, de Contrataciones Públicas, que establece que las modificaciones contractuales solo pueden realizarse ante circunstancias imprevistas y siempre que no impliquen condiciones más ventajosas para el proveedor.
El artículo 67 dispone además que esas modificaciones no pueden exceder el 20% del monto y del plazo originalmente pactado, y prohíbe expresamente alterar contratos vencidos o terminados.
Empero, Petropar estaría otorgando condiciones más favorables a la empresa extranjera con las diez adendas que ampliaron los plazos, superando ampliamente el límite legal de ampliación de plazos.
El contrato establecía que la firma debía entregar la totalidad del carburante entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, es decir, en un plazo de 23 días.
Sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2024 hasta la fecha transcurrieron 470 días sin cumplimiento, que representa un retraso superior al 2.000% respecto al plazo original, es decir, más de 20 veces el tiempo inicialmente previsto para la entrega. Petropar viene ampliando la vigencia del contrato —cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024— sin establecer nuevas fechas concretas para la entrega del carburante.