Ante los reiterados incumplimientos de la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, ya realizó varias licitaciones “urgentes” y poco transparentes para la compra de gasoíl.
Esto mientras continúa otorgando prórrogas a la compañía incumplidora, que ya suma diez ampliaciones del plazo contractual, la última hasta el 30 de abril de 2026.
En este sentido, la estatal realizó seis licitaciones bajo la modalidad de “proceso especial de contratación”, entre febrero de 2025 y enero de 2026, con las cuales adquirió 368.500 metros cúbicos del combustible (ver infografía), por un monto total cercano a G. 1,8 billones (más de US$ 282 millones al cambio actual), de acuerdo con los datos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Con esta modalidad, la petrolera pública realizó compras pocos transparentes, ya que le permite publicar los documentos del proceso recién después de la firma del contrato. Incluso, en algunos casos la estatal demoró por largo tiempo la publicación de dichos documentos, como ocurrió en el caso del contrato de Doha Holding.
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Asimismo, entre julio y octubre del año pasado, la estatal realizó solo dos contrataciones mediante la modalidad tradicional, en la cual sí se publican los documentos desde el inicio del proceso. Con estos llamados adquirió 80.000 metros cúbicos de gasoíl por G. 368.646 millones.
Sospechosa preferencia por el procedimiento especial
Llamativamente, la administración de Jara ha demostrado una sospechosa preferencia por recurrir al “procedimiento especial”, modalidad que comenzó a implementarse con la contratación de la firma catarí, luego de que la DNCP emitiera una resolución específica para regular este tipo de compras.
En este sentido, un mes antes de adjudicar la adquisición del combustible a Doha Holding, el 13 de agosto de 2024, la DNCP emitió la Resolución N° 2198/2024, a solicitud de la petrolera pública, mediante la cual se regula y se aprueba “el procedimiento especial de contratación para la compra de crudo, productos derivados de petróleo o biocombustibles en llamados convocados por Petropar”.
Este documento fue firmado por el entonces encargado de despacho de Contrataciones Públicas, Juan Emilio Oviedo Cabañas, en momentos en que Petropar comenzaba las negociaciones con la firma catarí. Ese mismo día en que se rubricó la resolución de la DNCP, Doha Holding respondía el primer correo de solicitud de precios enviado por la estatal.
La resolución de la DNCP establece que Petropar puede utilizar un procedimiento especial de contratación para aprovechar las variaciones constantes de los precios de los combustibles y “aprovechar los momentos en que presenten mejores condiciones, en insumos o bienes de adquisición recurrente que son indispensables para atender la función misional”.
Sin embargo, en el caso de la firma catarí, el contrato ya fue modificado diez veces mediante adendas que ampliaron el plazo de entrega, desvirtuando el objetivo de este tipo de procedimientos.
En la citada resolución de la DNCP, también se estableció “excepciones a las reglas convencionales”, permitiendo que tanto las garantías de mantenimiento de oferta como de fiel cumplimiento del contrato puedan ser instrumentadas mediante declaración jurada, sin importar el monto de la contratación, cuando Petropar debería exigir una póliza o una caución bancaria como está prevista en la ley.
Posibles incumplimientos de la ley
Si bien la Ley N° 7021 habilita a la estatal a realizar este tipo de procesos para la compra de combustibles (artículo 35, inciso “f”), debido a que actúa en régimen de competencia con el sector privado y guarda “relación directa con su giro comercial”, al parecer la empresa pública ha aprovechado este mecanismo para contratar a firmas de dudosa procedencia. Entre ellas se encuentra la catarí Doha Holding, así como otras que incluso fracasaron, como la emiratí Evolution Group FZ LLC, sobre cuyo caso la estatal tampoco informó sobre la recuperación de la garantía.
La citada normativa también establece que las modificaciones contractuales solo pueden realizarse ante circunstancias imprevistas y siempre que no impliquen condiciones más ventajosas para el proveedor. El artículo 67 dispone además que dichas modificaciones no pueden exceder el 20% del monto y del plazo originalmente pactados.
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Empero, Petropar estaría otorgando condiciones más favorables a Doha Holding con las diez adendas que ampliaron los plazos, superando ampliamente el límite legal de modificación del plazo. El contrato establecía que la firma debía entregar la totalidad del carburante entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, es decir, en un plazo de 23 días.
Sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2024 hasta la fecha transcurrieron 470 días sin cumplimiento, lo que representa un retraso superior al 2.000% respecto al plazo original, es decir, más de 20 veces el tiempo inicialmente previsto para la entrega.
Pese a ello, Petropar sigue ampliando la vigencia del contrato —cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024— sin establecer nuevas fechas concretas para la entrega del carburante.