Mientras los gremios de la construcción estiman que la deuda del Estado asciende a US$ 360 millones —US$ 250 millones por certificados de obras y US$ 110 millones por intereses—, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó esta tarde que el pasivo total llega a unos US$ 268 millones, con US$ 187,9 millones en certificados pendientes y alrededor de US$ 80 millones en intereses.
La diferencia es de unos US$ 92 millones respecto a lo que reclamaron la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), en extensos comunicados, la semana pasada.
Tras los cuestionamientos de la prensa por el hermetismo de la ministra Claudia Centurión en torno a las deudas con las contratistas, la titular del MOPC se vio obligada a convocar esta tarde a una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de la reunión que autoridades del Ejecutivo mantuvieron esta mañana con el sector de la construcción.
Lea más: Gobierno promete pagos a constructoras, pero presupuesto sigue siendo insuficiente
Con factoraje pagarán US$ 150 millones: remitieron reglamentación a gremios
Centurión anunció que como principal medida, el Gobierno plantea pagar US$ 150 millones mediante la modalidad de factoraje, que permitirá a las empresas ceder sus certificados de obra a bancos locales para obtener liquidez inmediata, con garantía soberana. Según explicó Centurión, el Estado asumirá los costos financieros de esta operación.
Para implementar este mecanismo, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya remitió a los gremios un borrador de la reglamentación de la Ley N° 6542/2020 de factoraje, contemplada en el Presupuesto General de la Nación 2026. El documento será analizado por el sector privado antes de su aplicación.
La ministra detalló que con el factoraje se pagará principalmente la deuda generada con fondos locales. “El Estado paraguayo se hace cargo de los costos financieros asociados a esta emisión. Van a ser ciento cincuenta millones de dólares para obras, que corresponde básicamente a nuestra deuda en fondos locales”.
Lea más: Capaco: en toda la historia del MOPC nunca se llegó al nivel actual de deuda con constructoras
Mientras que aclaró que los pagos de obras financiadas con créditos externos también serán priorizados, atendiendo a que los recursos están disponibles, aunque no se estaban desembolsando con normalidad.
“También hemos establecido con el ministro de Economía darle mucha priorización y énfasis a todo aquello que está calzado sobre los fondos externos, como los créditos del BID, CAF y otros multilaterales, que cuentan con recursos garantizados para poder pagar las obras”, expresó.
Una Ley para pago de intereses
En cuanto a los intereses acumulados, que la ministra estima en unos US$ 80 millones y lo atribuye en su mayoría a compromisos del gobierno anterior, el Ejecutivo propondrá un proyecto de ley que habilite su pago mediante la emisión de bonos. Centurión indicó que esta vía busca dar respaldo legal a los desembolsos, en medio de interpretaciones jurídicas sobre la validez de dichos reclamos.
La secretaria de Estado señaló además que la deuda inicial era de US$ 220 millones registrada a comienzos de 2026 y que se redujo parcialmente tras desembolsos por cerca de US$ 100 millones en los primeros meses del año, aunque aclaró que continúan ingresando nuevos certificados de obra.
Respecto al presupuesto vigente, indicó que el MOPC contará con un plan financiero similar al del año pasado, con unos US$ 450 millones disponibles, lo que permitiría pagos mensuales de entre US$ 40 millones y US$ 45 millones para obras en ejecución. Este monto para el sector era insuficiente.
¿Se cumplirá con la meta fiscal?
No obstante, la ministra evitó precisar si estas medidas permitirán cumplir con la meta de convergencia fiscal del 1,5% del PIB prevista para este año, y dijo que esas consultas deben hacerse al Ministerio de Economía. Tampoco profundizó en los detalles de la reglamentación del factoraje que se presentó a los gremios.
El Gobierno insiste en que el plan permitirá “oxigenar” al sector de la construcción y sostener el ritmo de ejecución de obras, considerado clave para el crecimiento económico.
“Les propusimos un plan de acción para enfrentar la situación de las deudas y que el sector de la construcción sepa que no está solo; vamos a continuar con nuestro plan de infraestructura y hay una propuesta concreta de solución para hacer frente a esta situación, que es de público conocimiento y que arrastramos desde 2025”, afirmó la ministra.