El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) se reunió este jueves y advirtió que el sistema de transporte público atraviesa una situación “crítica”, al punto de que el servicio podría suspenderse en cuestión de semanas debido al fuerte incremento del precio de los combustibles.
El presidente del gremio, César Ruiz Díaz, señaló que el sector también se encuentra en una suerte de “economía de guerra” al igual que el Gobierno, ya que los sobrecostos generados por la suba del diésel están volviendo insostenible la operación diaria.
“El servicio se va a cortar si no se hace nada”, advirtió, al tiempo de remarcar que actualmente ya se observa un deterioro en la frecuencia y calidad del transporte.
Según explicó, el reciente incremento de alrededor de G. 1.500 por litro de combustible implica un sobrecosto mensual de unos US$ 468.000 para el sistema, manteniendo el mismo volumen de consumo de 2 millones de litros por mes.
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Las tres medidas que exigen al Gobierno
Ante este escenario, los transportistas exigieron tres medidas principales al Gobierno: permitir la compra de combustible de Petropar a precios más bajos, actualizar la tarifa técnica del pasaje conforme a los costos actuales y establecer un precio tope para el diésel de emblemas privados mediante un decreto en situaciones de emergencia. Las empresas actualmente se provisionan de firmas privadas y no de Petropar.
Ruiz Díaz cuestionó que ni el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, ni el Viceministerio de Transporte, a cargo de Emiliano Fernández, hayan dado respuestas concretas al reclamo del sector.
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También criticó la falta de actualización de la tarifa técnica desde 2024, pese a las recomendaciones realizadas por técnicos de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil. “Estamos trabajando a pérdida, se está degradando el servicio”, afirmó, citando aparentes conclusiones de los especialistas brasileños que analizaron el sistema y que, según acotó, el Gobierno se niega a actualizar porque evidencia que la tarifa actual llevó a la decadencia el servicio.
El dirigente explicó que incluso si se iniciara hoy el proceso de actualización tarifaria, este podría tardar hasta dos meses en concretarse, tiempo durante el cual las empresas deberían seguir operando en condiciones deficitarias. “En dos meses el transporte público no va a existir más”, advirtió.
Además, denunció que el Estado no ha cumplido con las compensaciones previstas y que el sector analiza acciones legales para reclamar el daño económico acumulado.
“La situación es caótica y fulminante”, insistió Ruiz Díaz, al advertir que sin medidas urgentes el sistema podría colapsar, afectando directamente a miles de usuarios del área metropolitana.
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Tarifa técnica vigente desde el 2024
Actualmente la tarifa técnica del pasaje, que define el monto que paga el usuario más el subsidio estatal, se calcula de forma retroactiva, incluso con una demora de hasta un año.
La subvención que cobran hoy las empresas cada mes se determina con base en una tarifa técnica promedio correspondiente al semestre anterior. Posteriormente, al determinarse la tarifa real de cada mes, se realizan las compensaciones en caso de haberse pagado en exceso o se abona la diferencia pendiente a las empresas.
De acuerdo con los datos oficiales, la tarifa promedio para buses convencionales de julio a diciembre de 2024 fue de G. 4.470, mientras que la del bus diferencial alcanzó G. 5.834, valores que continúan utilizándose hasta el momento para el pago debido a la falta de los cálculos correspondientes a 2025.
El último cálculo de la tarifa técnica —que corresponde a la suma del pasaje abonado por el usuario, más el subsidio estatal por pasajero— data de diciembre de 2024. Ese mes, la tarifa técnica fue de G. 4.704 para buses convencionales y de G. 6.041 para los que cuentan con aire acondicionado. Los usuarios, en cambio, continúan pagando G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, mientras que la diferencia es cubierta por el subsidio del Estado. Sin embargo, mientras los cálculos los hacen con atraso, las empresas deben absorber el impacto inmediato de los costos.