Según informó el gremio, desde el 1 de abril finalmente entrará en vigencia la resolución N° 12.299 de la Corte Suprema de Justicia. Esta normativa fue emitida en setiembre del 2025 y establece un nuevo procedimiento para el registro y circulación de motocicletas y vehículos similares.
El gremio expresó su preocupación ante la inminente aplicación, que consideran será sumamente perjudicial para el sector y muchas familias.
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Desde la Cipama remarcaron que en Paraguay la motocicleta no es un bien de lujo, sino una herramienta esencial para la movilidad y el sustento diario. Según datos del sector, cerca del 60% de los hogares paraguayos dependen de este medio de transporte.
Señalaron a través de un comunicado que las motos son utilizadas para acceder a empleos, asistir a centros educativos, realizar entregas y desarrollar diversas actividades productivas, especialmente en zonas donde el transporte público es limitado o inexistente.
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Impacto económico y riesgo de informalidad
Según Cipama, el nuevo esquema implicaría un aumento considerable en los costos de matriculación al momento de adquirir el vehículo. Este incremento, según el gremio, podría convertirse en una barrera económica para miles de familias, principalmente de ingresos medios y bajos.
Advirtieron además que esta situación podría desalentar la formalización, ya que muchos usuarios optarían por no registrar sus motocicletas ante los elevados costos.
Empleo en riesgo y posible caída de la producción
Uno de los puntos más sensibles señalados por el sector es el impacto directo en el empleo. La Cipama estima que la medida podría afectar alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos y unos 10.000 indirectos.
Aseguran que la eventual disminución de la demanda podría derivar en la paralización de líneas de producción, así como en el cierre de plantas fabriles y concesionarias.
Desde el gremio aseguran que no están en contra de la formalización y el cumplimiento de las normativas vigentes, pero solicitaron la intervención del Poder Ejecutivo para abrir un espacio de diálogo.
El objetivo, señalaron, es analizar alternativas que permitan equilibrar el cumplimiento legal con la protección del empleo, la actividad económica y el acceso a la movilidad para la población.
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¿Qué implica esta normativa?
El documento establece que los servicios de confección de chapas de identificación y de verificación física de motocicletas y vehículos similares serán liquidados y facturados por el vendedor y abonados por el comprador al momento de la compra. Es decir, se elimina el plazo de hasta 90 días.
El vendedor deberá depositar el importe correspondiente en la cuenta habilitada para el efecto dentro de los tres días hábiles de emitido el formulario de liquidación. Asimismo, las tasas judiciales y especiales, junto con los servicios de grabado y elaboración de cédulas de motocicletas y vehículos similares, deberán ser abonadas por el comprador antes de la entrega del vehículo.
Dichos pagos deberán realizarse a través de la red bancaria o en las bocas de cobranza habilitadas por la Corte Suprema de Justicia.
Según estimaciones del gremio, el monto total oscilará entre G. 700.000 y G. 800.000, dependiendo del modelo adquirido.