El estudio de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil concluyó que una eventual suba de la tarifa técnica del pasaje del transporte público debe estar condicionada a mejoras verificables en la calidad del servicio, según explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.
El informe —encargado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por unos US$ 100.000— no fija un nuevo precio del pasaje, según el viceministro, pero sí establece una estructura tarifaria que permite calcular con mayor precisión los costos del sistema. Empero, los resultados del informe siguen sin publicarse de manera a que la ciudadanía pueda verificar los datos.
Justamente, el Gobierno prevé acreditar este viernes unos US$ 3,1 millones a las empresas del transporte, en concepto de compensaciones correspondientes a los meses de enero a octubre del año pasado.
Este monto a ser abonado derivó del cálculo de la tarifa técnica de esos meses, que define cuánto corresponde pagar al usuario y cuánto debe cubrir el Estado mediante subsidios.
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La transferencia se realizará en medio del desacuerdo con los transportistas, quienes sostienen que las tarifas calculadas el año pasado están subestimadas. Según el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), el sistema opera con un desfase cercano al 15%, basado en su propia interpretación del estudio de la ANTP.
Actualmente, la suba de los combustibles pone en riesgo la continuidad del servicio en el área metropolitana, pues el stock de las empresas se agotaban hoy, según Cetrapam.
Validación del cálculo actual
De acuerdo con Fernández, uno de los principales hallazgos del estudio de la ANTP es que, bajo las condiciones actuales, los pagos realizados por el Estado están en línea con el servicio prestado por las empresas.
“Lo que nos dijeron es que estamos pagando por lo que hoy se está ofreciendo. Ni más ni menos”, afirmó en entrevista con este diario.
Aseveró que la ANTP realizó un análisis integral del sistema, utilizando datos operacionales —como kilómetros recorridos, consumo de combustible y validaciones— junto con información financiera proveniente de balances de unas 20 empresas del sector.
A partir de ese cruce, estimó que el costo mensual del sistema se ubica entre G. 36.000 millones y G. 38.000 millones, valores similares a lo que actualmente cubre el esquema de subsidios.
Suba condicionada a mejoras
No obstante, el viceministro no pudo precisar el monto de la tarifa técnica de referencia del pasaje basado en la estructura de la ANTP, pero enfatizó que el estudio también plantea la necesidad de una “optimización” de la tarifa, que implicaría incrementos si se busca elevar la calidad del servicio.
Según lo expuesto por el viceministro, los escenarios analizados indican que el servicio convencional requeriría un ajuste de alrededor del 13%, mientras que el diferencial debería incrementarse en torno al 5%. En promedio, esto representaría una suba cercana al 9%.
Sin embargo, Fernández remarcó que cualquier incremento debe ir acompañado de mejoras concretas. “Si se paga más, tiene que haber una contraprestación mayor. No se puede subir la tarifa y mantener el mismo nivel de servicio”, sostuvo.
Entre las mejoras esperadas se incluyen mayor disponibilidad de buses, reducción de fallas mecánicas y una mejor gestión operativa del sistema.
Una nueva estructura tarifaria
El viceministro aclaró además que la ANTP no definió una tarifa específica, sino que elaboró una metodología para calcularla.
“La ANTP no vino a darnos una tarifa, sino una estructura. Es una ‘máquina’ donde se cargan los datos y se obtiene el resultado. El gran valor es que ahora tenemos una ‘máquina’ transparente: se cargan los datos y se obtiene la tarifa técnica, sin margen para disputas metodológicas”, sostuvo el viceministro.
Esta nueva estructura deberá ser aprobada por el consejo asesor del sistema antes de su implementación. Una vez en vigencia, permitirá calcular la tarifa técnica de forma más transparente y estandarizada, reduciendo las diferencias entre el Estado y los transportistas.
Mientras el Gobierno sostiene que los pagos actuales reflejan el servicio brindado hoy, los empresarios insisten en que sus ingresos siguen siendo insuficientes. En ese contexto, cualquier ajuste futuro en la tarifa —ya sea para el usuario o vía subsidios— quedará sujeto a una condición central: que el servicio mejore.