La deuda del Estado con proveedores del Ministerio de Salud Pública asciende a US$ 1.027 millones al corte de marzo, indican desde el gremio.
En esa línea, la vocera de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, señaló que la salida del ministro Carlos Fernández Valdovinos se da en un momento “extremadamente delicado”, cuando el sistema de salud ya enfrenta una fuerte presión financiera.
Comentó que hace apenas dos semanas se asumieron compromisos concretos para empezar a ordenar la deuda con los proveedores y que hoy, tras la salida del alto funcionario, surge la interrogante: ¿quién se hará cargo de cumplir esos compromisos y en qué plazo? En ese sentido, sostuvo que la situación “no admite más demoras” y que se ha llegado a un punto en el que las decisiones deben ser inmediatas.
La representante de Cripfa consideró que la política económica actual implica un “default selectivo” sobre algunos proveedores, y expresó que esperan que esta práctica no continúe. Aseguró que, para el gremio, el punto central ya no es la continuidad en abstracto, sino definir cuándo el Estado cumplirá con sus obligaciones.
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“Se necesita una señal clara de cumplimiento”
“Si no se resuelve el atraso en los pagos, cualquier continuidad pierde credibilidad en la práctica. Lo que se necesita ahora es una señal clara de cumplimiento inmediato, con plazos concretos y mecanismos que permitan ejecutar pagos de manera efectiva”, subrayó.
Indicó que existe incertidumbre, que no se genera por el cambio de ministro, sino por la falta de respuestas estructurales a una situación que “ya es crítica” y que vienen atravesando desde hace varios meses, incluso cerca de casi un año.
“Hoy, el principal afectado es el paciente. La falta de pagos está impactando directamente en la disponibilidad de medicamentos, lo que pone en riesgo tratamientos, la continuidad terapéutica y, en muchos casos, la salud y la vida de la población. Es una situación que requiere una solución urgente, tanto a corto como a largo plazo”, lamentó Figueroa.
Situación no solo económica, sino también sanitaria
Asimismo, como representantes de importadores de productos farmacéuticos, sostuvo que desean ser claros, que esta no es solo una situación económica, sino también sanitaria. Agregó que cuando no se cumplen los pagos, se pone en riesgo el acceso a medicamentos esenciales.
“Detrás de cada atraso hay pacientes que pueden ver comprometidos su tratamiento y su vida. Por eso, es fundamental que se adopten medidas urgentes, sostenibles y claras para garantizar el abastecimiento y proteger la salud de la población”, resaltó.
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Presión fuerte sobre las finanzas
Finalmente, subrayó que, más allá de valoraciones personales sobre la gestión de Carlos Fernández Valdovinos al frente del MEF, los efectos son concretos, ya que existe una presión importante sobre las finanzas públicas que se traduce en incumplimientos y altos niveles de deuda en varios sectores, incluido el farmacéutico.
“Cuando el Estado no logra sostener su cadena de pagos, el impacto final no es solo financiero, sino sanitario. Esto se refleja en dificultades crecientes para garantizar el acceso oportuno a medicamentos”, concluyó