Siguen saltando cuestionamientos sobre los US$ 100 millones que Itaipú Binacional destinará al “Plan 1.000”, de los cuales ya otorgó a varias organizaciones no gubernamentales (ONG) la ejecución de la primera etapa por unos US$ 68 millones, sin transparentar criterios de selección, tramos ni alcance de las obras.
Dichas obras, impulsadas por la administración de Justo Zacarías en convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, ya están siendo utilizadas con fines proselitistas en el marco de las elecciones municipales previstas para junio y octubre, según denuncias.
En este contexto, el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), afirmó que se están priorizando intervenciones en municipios administrados por la Asociación Nacional Republicana (ANR), mientras que comunas opositoras quedan relegadas. “Priorizan municipios colorados”, indicó esta tarde a ABC.
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Las ONG que deben ejecutar obras en Cordillera
Resaltó que, en el caso de Cordillera, la ONG "Organización de Desarrollo Integral Comunitario (Odeinco)" —cuyo consejo directivo está integrado por el Dr. Julio César Rodríguez, la abogada Rosanna Noemí Orrego y la contadora Mariza Dávalos, según su portal— y la Fundación Ysapy, representada por Darci Bortoloso, debían ejecutar los trabajos contratando a empresas constructoras.
Sin embargo, hasta la fecha no se registra avance alguno, pese a las reiteradas notas presentadas a las organizaciones, indicó Riveros.
El intendente explicó que, en el caso de Caacupé, ya en octubre la Municipalidad había autorizado un tramo que conecta su municipio con la Universidad Nacional de Asunción, con el objetivo de beneficiar a estudiantes. Sin embargo, hasta la fecha no se registran avances.
“Hay recursos que ya fueron desembolsados a la Fundación Ysapy, que a su vez contrató a la empresa para ejecutar las obras. Pero esto no se materializa en nuestro distrito”, señaló. Dicha organización tiene su sede en Naranjal.
Itaipú ya entregó el dinero a las ONG: injerencia de Gobernación
El jefe comunal también denunció la injerencia de la Gobernación de Cordillera, encabezada por Denis Lichi (ANR). “Nos aparece la Gobernación queriendo definir qué calles se van a intervenir, cuando esa es una potestad del municipio. No sé con qué criterio lo hacen”, criticó.
Siguió: “Tenemos un problema en Cordillera, el gobernador es del Partido Colorado, pero la mayoría de los intendentes somos liberales. Este plan estaba pensado para que cada municipio presente sus prioridades, pero eso no se está respetando”, cuestionó.
A su criterio, el no avance de los trabajos responde a cuestiones políticas. “Esto es una cuestión meramente política. Se está perdiendo el efecto positivo que pudo haber tenido el Plan 1.000 para convertirse en un verdadero ‘vyrorei’”, expresó.
Asimismo, cuestionó el manejo de los fondos transferidos a las ONG. “La Itaipú ya entregó el dinero a las fundaciones. Esa plata hoy ya no está en la binacional, está en manos privadas. Mientras más se retrase la ejecución, más tiempo manejan esos recursos”, advirtió.
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Según indicó, solo en el caso de Caacupé se trata de unos US$ 2 millones. “No estamos hablando de poca cosa”, remarcó.
Otros municipios afectados
Riveros agregó que la situación se repite en otros distritos de Cordillera no administrados por el oficialismo. “En Isla Pucú, Piribebuy, Emboscada, Loma Grande, Nueva Colombia, Caraguatay… todos estamos con el mismo problema, no avanza nada”, sostuvo.
El intendente enfatizó que “ninguno de los proyectos avanzó hasta ahora”.
Entretanto, el presidente Santiago Peña promociona en sus redes sociales avances de obras en municipios gobernados por la ANR en Cordillera, como San Bernardino, Eusebio Ayala y Santa Elena, lo que refuerza las críticas sobre un uso político del plan.
El convenio del “Plan 1.000″
Hace más de un año, Itaipú Binacional y el MOPC firmaron un convenio de cooperación para financiar la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos urbanos en todo el país, denominado “Plan 1.000”.
Mediante este acuerdo, la binacional debía ejecutar las obras, con una inversión de US$ 100 millones en siete regiones estratégicas, con apoyo del MOPC, abarcando 263 municipios. El proyecto contempla diversas técnicas constructivas, como empedrados, adoquinados, pavimento rígido urbano y hormigón.Según datos de la Superintendencia de Obras de Itaipú, en esta primera etapa la inversión en pavimentación tipo asfalto sobre empedrado asciende a unos US$ 37 millones, con una meta de aproximadamente 305 kilómetros.