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DNCP suspende millonaria licitación de ANDE para reforzar su sistema luego de una protesta

SEDE CENTRAL DE LA ANDE.
SEDE CENTRAL DE LA ANDE.SILVIO ROJAS

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) frenó el proceso de licitación para el refuerzo del sistema eléctrico en las zonas Este y Sur, un proyecto que contempla una inversión de casi US$ 115 millones, tras admitir una protesta contra el pliego de bases.

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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió la Resolución N° 683/26 con fecha 9 de marzo de 2026, con la cual ordena la suspensión inmediata del procedimiento de licitación identificado con el ID 470.139. La medida afecta al proyecto denominado “Lp1885-25 Proyecto de Refuerzo del Sistema Este y Sur, en 220 kV y 66 kV, bajo la Modalidad de Leasing Operativo”, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El freno administrativo responde a una protesta formal que presentaron el viernes 6 de marzo último por la empresa Servicio Integral de Electromecánica SRL (S.I.D.E.), la misma que protestó en las otras tres licitaciones convocadas por ANDE mediante leasing operativo.

La firma cuestionó específicamente el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado, hecho que obligó a la institución reguladora a abrir una etapa de sustanciación para investigar las presuntas irregularidades.

Para llevar adelante este proceso, la DNCP designó al Abg. Cesar Coronel como el funcionario responsable de analizar los argumentos que presentó la empresa. Según el documento oficial, la apertura de este tipo de reclamos implica, automáticamente, la suspensión del proceso en la etapa en que se encuentre, bajo responsabilidad del protestante.

Detalles de una inversión de US$ 115 millones

El plan de infraestructura eléctrica de la ANDE representa una inversión total estimada de US$ 114.997.472, según los datos de la convocatoria. El proyecto está estructurado en cuatro lotes, que buscan mejorar el servicio en puntos críticos del país mediante la modalidad de leasing operativo. Esta modalidad financiera contempla el arrendamiento de infraestructura con un plazo de 144 meses (12 años) y la opción de compra definitiva de los equipos al finalizar el contrato.

El Lote N.° 1, destinado a Nueva Esperanza (220 kV), tiene un monto asignado de US$ 14.577.120, mientras que el Lote N.° 2, que afecta a Mbaracayú (66 kV), asciende a US$ 24.295.200. Por su parte, el Lote N.° 3, enfocado sobre Ype Hú (220 kV), representa una inversión de US$ 27.534.608. Finalmente, el Lote N.° 4, el de mayor envergadura, se sitúa en Villa Oliva (220 kV), con un presupuesto estimado de US$ 48.590.544.

Cada uno de estos lotes incluye el pago de cuotas periódicas de leasing y un valor residual para la adquisición final de los activos. Por ejemplo, en el lote de Villa Oliva, el valor residual estimado es de US$ 3.000.000, mientras que las cuotas mensuales se calculan en unos US$ 316.601. Toda esta estructura financiera queda ahora en suspenso en espera de la resolución de la controversia jurídica.

Incertidumbre sobre la apertura de ofertas

La intervención de la DNCP se ampara en el artículo 129 de la Ley N.° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas. Si bien el proceso está formalmente suspendido, la normativa vigente permite que la ANDE, en su carácter de entidad convocante, pida la continuidad del llamado en forma total o parcial. Para eso, la empresa estatal eléctrica debería presentar una declaración de responsabilidad, firmada por el encargado de su Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), ajustándose a los requisitos legales y reglamentarios establecidos.

Antes de esta paralización, el cronograma de la licitación ya había sufrido modificaciones. La fecha inicial para la entrega de ofertas estaba marcada para el 24 de marzo de 2026, pero posteriormente fue reprogramada para el miércoles 15 de abril de 2026 a las 09:00 horas.

Con la protesta de la firma S.I.D.E. en curso, el calendario queda sujeto a la resolución definitiva de la DNCP. Dependiendo del dictamen del analista designado, la institución podría ordenar modificaciones al pliego de bases, lo que obligaría a postergar aún más la licitación, o bien, rechazar la protesta y permitir que el proceso continúe según lo previsto.

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