En el marco de los operativos de lucha contra el robo de energía, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) procedió a la intervención de dos suministros de Media Tensión ubicados en las ciudades de Areguá y Capiatá, en el departamento Central. Las irregularidades fueron detectadas inicialmente a través del Sistema de Monitoreo a Distancia, que emitió alertas sobre comportamientos inusuales en el consumo de dichos locales, reportó la empresa estatal de electricidad.
Tras las señales de alerta, cuadrillas técnicas se constituyeron en el lugar para realizar verificaciones de campo. En la ciudad de Areguá, el operativo se centró en una fábrica de hielo, mientras que en Capiatá la intervención se realizó en un mini supermercado. En ambos casos, los técnicos confirmaron que existía una manipulación interna de los equipos de medición.
La modalidad utilizada consistía en la interrupción de la referencia de tensión, una maniobra técnica que impedía que el medidor registrara la totalidad de la carga utilizada. Según el informe oficial, este esquema permitía evadir el registro de aproximadamente el 33% de la energía consumida en ambos establecimientos comerciales.
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Detalles técnicos y titularidad de los locales
Durante la inspección pormenorizada, los técnicos de la estatal eléctrica verificaron que en el caso de la hielera en Areguá, la alteración afectaba específicamente a la Fase II del sistema. Por otro lado, en el comercio de Capiatá, la manipulación comprometía a la Fase III. Estas maniobras permitían un beneficio ilícito constante en detrimento de las arcas de la empresa estatal.
Un dato relevante que surge de la intervención es que ambos suministros figuran a nombre de una misma persona, identificada como Mirtha Elizabeth Gamarra. La recurrencia de la titularidad en dos puntos geográficos distintos bajo la misma modalidad de sustracción de energía ha puesto bajo la lupa la responsabilidad de la propietaria en este esquema de defraudación.
El perjuicio patrimonial calculado por la institución, sumando ambos suministros, asciende a un total de G. 57.279.256. Este monto corresponde a la energía eléctrica que fue utilizada pero no facturada debido a las conexiones irregulares. Ante la gravedad del hallazgo, la ANDE formalizó la denuncia ante la Fiscalía de Luque.
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Penas severas por sustracción de energía
Desde la institución recordaron que este tipo de hechos ya no se limitan a multas administrativas, sino que poseen un fuerte castigo penal. La sustracción de energía eléctrica es un delito tipificado y penado por la Ley N.º 7300/24, la cual recientemente endureció las sanciones para quienes manipulen el sistema eléctrico nacional.
Bajo este marco normativo, los responsables de este tipo de fraudes se exponen a penas privativas de libertad de hasta 10 años. La ley busca desalentar tanto las conexiones clandestinas domiciliarias como las grandes defraudaciones en sectores comerciales e industriales, que generan millonarias pérdidas anuales y afectan la estabilidad del servicio.
La ANDE ratificó que continuará con los controles intensivos en todo el territorio nacional, utilizando tecnología de monitoreo remoto para identificar focos de pérdida no técnica. El objetivo declarado es garantizar la equidad entre los usuarios y asegurar que todos los consumidores abonen lo que efectivamente utilizan para el sostenimiento del sistema eléctrico.