La ANDE puso en marcha el denominado “Operativo Canindeyú 1”, que apunta directamente a desmantelar los esquemas de pérdidas eléctricas y a recuperar una millonaria cartera vencida en el decimocuarto departamento del país. Las tareas de campo se concentran en puntos de alta actividad comercial y productiva.
El despliegue técnico y comercial abarca en esta primera etapa a las ciudades de Saltos del Guairá, Katueté, La Paloma y Nueva Esperanza. De acuerdo con el reporte oficial de la empresa estatal, los funcionarios realizarán fiscalizaciones masivas, retiros de conexiones directas y suspensiones del servicio a clientes que arrastren deudas pendientes.
La ANDE movilizó a más de 50 funcionarios de su plantel, quienes trabajan distribuidos en 14 cuadrillas técnicas, compuestas por personal propio y operarios de sus empresas contratistas. Este equipo tiene la misión de identificar medidores manipulados y regularizar la situación de los usuarios residenciales y comerciales en situación irregular.
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Buscan recuperar millonaria deuda
El gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, detalló el alcance de las metas que se propusieron para esta operación en el este del territorio nacional. El alto funcionario precisó que el equipo interviniente tiene programado ejecutar un total de 2.000 órdenes de trabajo durante los días que dure el operativo en las cuatro localidades seleccionadas.
“Nuestra meta de gestión de deuda para este operativo específico en Canindeyú asciende a G. 1.000 millones“, puntualizó el Ing. Hugo Rolón, al referirse al monto estimado que la institución pretende registrar en concepto de regularizaciones, cobros y compromisos de pago por parte de los clientes morosos.
La reducción de pérdidas no técnicas —término con el que se denomina formalmente al robo de electricidad— constituye uno de los pilares de la actual administración. El operativo busca dar un respiro financiero a la institución, que arrastra altos niveles de morosidad desde la pandemia en varios puntos del interior del país.
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Cárcel para los que roban energía
Desde la ANDE recordaron que las conexiones clandestinas y la alteración de los equipos de medición ya no son consideradas faltas administrativas menores, sino hechos punibles graves. Las autoridades instaron a la ciudadanía a acercarse a las oficinas regionales para formalizar sus carpetas antes de sufrir intervenciones de carácter judicial.
El marco legal vigente se endureció recientemente con la promulgación de la Ley N.º 7300/24. Esta legislación específica establece castigos severos que contemplan penas privativas de libertad de hasta 10 años para aquellas personas que incurran en el hurto de energía o colaboren en el montaje de las redes improvisadas.