La Itaipú Binacional y el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY) iniciaron un curso denominado “Introducción a la Ciencia de Datos para Auditores”, dirigido a 250 funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR). Según refiere una publicación de la binacional, el programa busca dotar de herramientas tecnológicas al ente contralor para que haga el seguimiento del Programa Hambre Cero, cuya complejidad operativa exige el procesamiento de una gran cantiedad de información.
La Dra. Cynthia Villalba, gerente del Centro de Innovación en Ingeniería de Computación del PTI-PY, señaló que la asistencia técnica —totalmente financiada por Itaipú— permitirá a los auditores cruzar información y detectar inconsistencias. En ese contexto, el PTI-PY desarrolló el portal colaborativo Ñangareko, en el que los usuarios pueden compartir sus experiencias con la alimentación escolar recibida.
Sin embargo, este despliegue de supuesta modernización y fiscalización digital, con el respaldo de la Universidad Comunera (UCOM), no es más que una fachada que expone una indisimulable contradicción: la binacional adiestra a quienes deben controlar a otros, pero cierra herméticamente sus puertas para evitar que la fiscalicen.
Los representantes de la Contraloría valoraron esta articulación interinstitucional y señalaron que la formación de auditores en ciencia de datos y analítica permitirá aprovechar mejor la información disponible, identificar riesgos con mayor precisión y acompañar de manera más rigurosa procesos estratégicos, como el Programa Hambre Cero.
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El director paraguayo de la entidad y las autoridades del gobierno de Santiago Peña demuestran una llamativa generosidad al transferir recursos para enseñar a usar soluciones open source (código abierto) en el control gubernamental, pero carecen por completo de la voluntad política necesaria para destrabar la creación de un mecanismo de control financiero que la ciudadanía exige desde hace años: la Comisión Binacional de Cuentas.
Un acuerdo histórico que duerme en el Congreso
Mientras los auditores se sientan en las aulas de la CGR para aprender sobre algoritmos e inteligencia artificial hasta junio del 2026, las Notas Reversales N.º 3/2021 cumplen casi cinco años de absoluto abandono.
Aquel acuerdo histórico, firmado en noviembre de 2021 entre Paraguay y Brasil para crear la Comisión Binacional de Cuentas, durante los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, sigue totalmente cajoneado en el Poder Legislativo de Asunción y también en Brasilia, garantizando la continuidad de la histórica falta de transparencia en la administración de la binacional.
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El documento entregaba a la Contraloría General de la República y al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil la potestad de revisar de forma directa los ingresos y egresos de la hidroeléctrica, actuando con independencia funcional y administrativa.
A pesar de que el Senado amagó con tratar el proyecto de ley en junio de 2023, los legisladores oficialistas -en lo que va del gobierno de Santiago Peña- lo dejaron morir sin dictamen de comisión, una maniobra que evidencia la fuerte resistencia de los sectores políticos a ceder espacios de control autónomo.
En el vecino país la situación no es distinta. Según publicaciones periodísticas, el trámite duerme en la Casa Civil de la Presidencia brasileña sin fecha de avance, ignorando incluso los reclamos de la Comisión de Infraestructura del Senado de ese país, que el año pasado exigió explicaciones al canciller Mauro Vieira por la excesiva demora en la remisión del instrumento diplomático.