El reciente y acelerado crecimiento del consumo eléctrico en Paraguay, empujado por la criptominería y proyectos tecnológicos que buscan instalarse en el país, apura la necesidad de modernizar y cambiar el monopolio estatal. La reglamentación de la ley de energías renovables no convencionales todavía arrastra vacíos técnicos y regulatorios importantes, pero el sector energético califica el hecho como un avance indispensable para evitar el desabastecimiento.
Fijar las reglas de juego resulta primordial ante un escenario donde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ya no puede buscar sola el financiamiento de las obras necesarias. La inclusión del capital privado -en este contexto- busca amortiguar el estrés financiero que atraviesa a la empresa estatal hace años.
Sin embargo, este nuevo esquema de generación de electricidad traerá consigo un costo que se trasladará de forma directa al bolsillo de la población a través de los precios del suministro, según advierten. “La verdad es que toda migración hacia ciertas figuras de la estructura del sistema eléctrico son buenas porque la demanda está aumentando cada vez más rápido”, analiza la ingeniera Sonia López, investigadora del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad Nacional de Asunción.
Para la especialista, las reglas iniciales están puestas, pero el éxito va a depender de cómo se completen los casilleros que el Gobierno dejó en blanco.
Las cuatro figuras que competirán en la red
El nuevo decreto define de manera formal los roles que asumirán los actores privados dentro del sistema eléctrico paraguayo. La normativa delimita cuatro categorías específicas: el autogenerador, el cogenerador, el generador exclusivo y el exportador. Las dos primeras figuras están pensadas para mitigar las deficiencias de la red local y permitir que los propios usuarios administren sus recursos.
El autogenerador consumirá su propia producción y tendrá la facultad de inyectar el excedente a la red de la ANDE. El reglamento establece un límite de hasta 1 megavatio (MW) de potencia, que se podrá aportar de manera directa sin necesidad de trámites burocráticos, mientras que desde ese piso en adelante se requerirá una licencia oficial que otorgará el Viceministerio de Minas y Energía. Bajo las mismas condiciones operará el cogenerador, una figura para los grandes establecimientos industriales que producen electricidad y, en simultáneo, generan subproductos térmicos como calor o vapor.
Por otra parte, el generador puro se dedicará exclusivamente a producir energía para vendérsela en bloque a la ANDE, abriendo una vía de negocios de largo plazo con contratos y licitaciones que tendrán una validez jurídica de hasta 30 años. Finalmente, la figura del exportador abre la ventana legal para que cualquier inversionista o ciudadano paraguayo pueda comercializar energía renovable de origen privado directamente a los competitivos mercados de los países vecinos.
Contratos bilaterales: El fin de la dependencia estatal
La transformación más radical del nuevo escenario normativo se concentra en la relación entre el sector privado y los denominados grandes consumidores, definidos formalmente como aquellos complejos industriales o comerciales que registran una demanda a partir de los 30 MW para arriba. Este grupo ya no estará atado obligatoriamente al suministro de la ANDE, resalta la Ing. López.
La reglamentación habilita la firma de contratos privados bilaterales. Esto significa que una gran industria pesada o un centro de datos podrá pactar de manera directa el precio y las condiciones de su energía con un generador privado independiente.
La investigadora del GISE destaca que este cambio promete blindar a los industriales de los históricos “problemitas” de la red de la ANDE, tales como las fluctuaciones de tensión, los parpadeos y los cortes intempestivos que dañan las maquinarias y frenan la producción.
Lea más: ANDE envía a Contrataciones pliego de bases para la primera gran licitación solar: 140 MW
Sin embargo, para que la energía de un privado llegue a las instalaciones de otro privado, se debe utilizar la infraestructura existente del país. Es allí donde aparece el concepto del peaje, un cobro que la ANDE aplicará por habilitar el tránsito de electricidad de terceros a través de sus líneas de transmisión. “Esa, por ejemplo, es una de las cuestiones que todavía no se definió muy bien en esta reglamentación”, advierte la ingeniera.
¿Por qué subirá el precio de la luz de los usuarios comunes?
El ingreso de nuevos proveedores independientes rompe el esquema de subsidios cruzados sobre el cual se sostiene el sistema paraguayo. Actualmente, la tarifa residencial y comercial común no refleja los costos reales en los que incurre la ANDE para comprar la energía de las binacionales e invertir en el mantenimiento de las redes. Al invitar a un inversionista privado a asumir el riesgo de construir plantas de generación, este exigirá una rentabilidad justa y previsible.
La normativa actual menciona un costo de referencia ligado a los valores del sistema interconectado, aclarando que el precio pagado al generador privado no debería sobrepasar las tarifas vigentes, pero no define montos específicos ni la metodología de cálculo. Para la ingeniera López, el dinero para cubrir estos nuevos contratos con el sector privado saldrá inevitablemente de la recaudación general del ente estatal.
“Para las otras figuras que quieren inyectar a la red, que la ANDE les va a comprar esa energía, va a tener que haber un aumento de tarifa”, sentencia la especialista de forma tajante. “El proveedor privado va a querer que se le pague lo justo. Y la plata de dónde pagarle a ellos sí o sí va a tener que verse reflejado a través de la tarifa. Esto no es exclusivo de Paraguay, pasa en cualquier mercado donde se negocia un producto”, recalca.
Lea más: Peña reglamenta ley que abre al sector privado la generación de energía renovable
Seguridad jurídica y los cabos que quedan sueltos
A pesar de las alertas por el impacto tarifario que se podría dar, la apertura del mercado se presenta como una garantía de continuidad del servicio ante la inminente crisis de potencia. Para seducir a los capitales internacionales, el decreto incorporó herramientas de seguridad jurídica que buscan disipar la desconfianza histórica hacia las instituciones locales.
Los contratos podrán fijarse tanto en moneda nacional como extranjera —exponiéndose en este último caso a las fluctuaciones del dólar—, se autoriza la constitución de fideicomisos como garantía de cumplimiento y se habilita la resolución de controversias en juzgados internacionales.
“Van a haber nuevos participantes que van a trabajar entre sí, van a negociar entre ellos, pero se tiene que dar una regulación a todo eso; siempre tiene que haber un control, y mucho más si es que se va a usar la red local”, apunta la investigadora.