Para evitar el desabastecimiento y acompañar la reconversión del mercado, el plan maestro que presentaron en Constructecnia contempla la convocatoria a licitaciones anuales, sucesivas. Los objetivos técnicos establecidos en las proyecciones institucionales prevén la incorporación progresiva de un promedio de 800 MW (equivalentes a casi cuatro veces la capacidad de la Central Acaray) de generación fotovoltaica por año, un volumen que combina plantas de energía solar y sistemas de almacenamiento por baterías.
Estas nuevas fuentes limpias servirán como base para respaldar las inversiones extranjeras directas que ya se encuentran bajo negociación bilateral. Entre ellas destaca el memorando de entendimiento con Taiwán, cuyo proyecto prevé un desembarco logístico escalonado para la instalación segura de centros de datos de alta densidad dentro del territorio nacional.
El cronograma de este acuerdo con el país asiático contempla una fase inicial de desarrollo que requerirá 10 MW de potencia, volumen disponible de manera inmediata en cualquier punto de la red eléctrica. Posteriormente, una segunda etapa demandará 100 MW adicionales, dejando un margen de tiempo técnico para buscar nuevas fuentes alternativas de generación antes de alcanzar la meta final de 1.000 MW proyectada por los inversionistas. Así lo destacó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, tras su disertación en la jornada inaugural de Constructecnia 2026, la mayor feria de la construcción del país que arrancó hoy en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
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Se abre el juego al sector privado
La promulgación y reciente reglamentación de la Ley 7599 de energías renovables no convencionales marca un punto de inflexión definitivo para la infraestructura energética del país. Esta normativa se convierte en una herramienta que además de buscar ampliar la capacidad de generación proyectada hasta el año 2043, introduce una reforma que rompe con el esquema tradicional del sistema eléctrico paraguayo, abriendo formalmente el juego al sector privado.
Durante su exposición del Plan Maestro de Generación, el funcionario ratificó que con este nuevo marco jurídico, ya vigente, las empresas particulares adquieren el derecho legal de generar energía para su propio autoconsumo, además de quedar habilitadas para comercializar su producción directamente con la ANDE o venderla de forma directa a los denominados grandes consumidores, una categoría que comprende a aquellos clientes con demandas a partir de los 30 megavatios (MW) de potencia.
A la par de este avance, el Gobierno también trabaja en la actualización del marco para pequeñas centrales hidroeléctricas. Actualmente se encuentra en pleno proceso de reglamentación la modificación de la Ley 3009, de producción independiente, norma que complementará la apertura del mercado y ampliará el abanico de fuentes renovables disponibles para sostener el crecimiento de la demanda interna.
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Convocan a audiencia para planta en el Chaco
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya tiene registrada en su plataforma de Audiencias Públicas la convocatoria para el proyecto denominado “Adquisición de Energía Eléctrica Fotovoltaica en Loma Plata”, marcando el inicio de la apertura hacia la generación solar en la región Occidental.
Según los datos oficiales del portal de Contrataciones, la institución convocante es la propia ANDE y el estado del proceso figura actualmente como “Pendiente de Realización”. El evento se desarrollará el próximo 1 de junio de 2026 a las 09:00 horas y, se llevará a cabo a través de una Plataforma Virtual mediante un enlace de Google Meet ya preestablecido de manera pública en el sistema.
El nuevo mercado que dejará la criptominería
El dinamismo del mercado eléctrico local perfila un escenario de grandes transformaciones de cara al corto plazo. Uno de los hitos más significativos ocurrirá el 31 de diciembre del año 2027, fecha en la que finalizan los contratos vigentes de la ANDE con las empresas dedicadas a la criptominería, las cuales representan actualmente una demanda aproximada de 1.000 MW, resaltó el Ing. Sosa.
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A partir del año 2028, las condiciones de suministro de la empresa estatal van a cambiar, reduciendo posiblemente la asignación a este sector según evolucione la carga general. Esta transición liberará un espacio contractual que podrá ser complementado de forma directa entre la generación del sector privado y el abastecimiento tradicional de la institución eléctrica, dijo.
Esta reconfiguración abre las puertas para la llegada e instalación de nuevas tecnologías de consumo intensivo, tales como los data centers de inteligencia artificial, recordando que recientemente el gobierno de Santiago Peña firmó un acuerdo de entendimiento para la creación de “Yguazú Digital”. Se trata de un centro de datos de hasta 1000 MW.
Estas industrias tecnológicas tendrán la opción de asegurar su funcionamiento combinando la autogeneración bajo la nueva ley, con las líneas de distribución tradicionales de la proveedora pública.
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El titular de la ANDE resaltó una vez más que el consumo de energía eléctrica en Paraguay registró un incremento del 50% en solo tres años, impulsado por cargas temporales (las criptominerías) que demostraron la capacidad de soporte del sistema de la ANDE.
Tarifas técnicas e indexación internacional
Ante los cuestionamientos de sectores que consideran un riesgo vender energía en un escenario en el que se proyecta el fin de los excedentes para el año 2030, el titular de la estatal dijo que el aprovechamiento local genera empleo y desarrollo en lugar de ceder los recursos a los países vecinos. No obstante, aclaró que el esquema de precios para los sectores electrointensivos sufrió modificaciones mediante recientes ajustes normativos en los decretos del Poder Ejecutivo.
Sosa enfatizó en que los centros de criptominería y los nuevos proyectos de inteligencia artificial constituyen los únicos dos grupos de consumo que pagan y pagarán la tarifa técnica real de la ANDE. A diferencia del consumo residencial o comercial convencional —cuyo precio final se mantiene subsidiado por debajo del costo real estipulado en la Ley 966 de la ANDE—, estos sectores de alta demanda absorben los costos operativos plenos del sistema, mencionó.
El último decreto presidencial igualó las condiciones tarifarias de la inteligencia artificial con las de la minería de activos digitales. El mecanismo de cobro incluye una actualización anual obligatoria basada en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de los Estados Unidos y se añadirá una revisión de reajuste cada cinco años ligada estrictamente al costo medio de generación del sistema nacional. Esta última variable la ANDE incorporará formalmente dentro de sus prerrogativas institucionales, sostuvo el Ing. Sosa.