Javier Giménez, el jefe de Gabinete del Gobierno, fue la figura más activa en la defensa pública de los polémicos decretos, incluso después de que el presidente Santiago Peña los dejara sin efecto el martes 9 de junio.
En una entrevista con ABC TV, el jefe de Gabinete defendió la visión comercial del Ministerio de Industria y Comercio y del Gobierno. Explicó que la intención detrás de los decretos firmados originalmente en enero, y modificados en abril con participación sindical, era dar previsibilidad para atraer inversiones que industrialicen el excedente energético que hoy Paraguay sigue cediendo a precio de costo al Brasil.
Su argumento central fue que la tarifa de US$ 30/MWh para Atome no representaba un subsidio ni un daño patrimonial. Sostuvo que “subsidio, por definición, es una tarifa por debajo del costo”, y que eso no ocurría en este caso, dado que el costo de suministro para una industria de esas características rondaba los US$ 28 por megavatio hora, mientras que la tarifa prevista se ubicaba en torno a los US$ 30.
Lea más: Atome aguarda propuesta de ANDE sobre la tarifa de energía, tras reculada del Gobierno
Giménez buscó desmitificar la teoría de los gremios y de sectores técnicos que apuntaban a un daño patrimonial contra la ANDE, señalando que la tarifa propuesta no implicaba pérdidas sobre el costo de producción directa.
Al anunciar la derogación, Giménez enmarcó la decisión como “una directriz para que la ANDE cumpla la compleja misión estratégica de, por un lado, equilibrar sus finanzas, fortalecerse, y por el otro mantener una competitividad tarifaria y condiciones necesarias para poder atraer industrias”.
En paralelo, el jefe de Gabinete enfocó la problemática en la urgencia de industrializar el excedente energético nacional: “El 50% de la energía de Paraguay se sigue exportando cuando tenemos esta misión de utilizarla a nivel interno, crear industrias de todo tipo y apoyar este crecimiento”.
Lea más: Atome sostiene que US$ 30/MWh es rentable para la ANDE
Cabe recordar que Giménez fue uno de los voceros que defendió la firma de los decretos mediante los cuales se establecieron condiciones preferenciales para las industrias convergentes y “Energía a X”, entre las que era favorecida Atome.
Marco Riquelme, entre la defensa y la incomodidad
El titular del MIC, Marco Riquelme, fue, si cabe, aun más enfático que Giménez en defender el acuerdo con Atome, incluso después de que la decisión presidencial dejara los decretos sin efecto.
En contacto con varias emisoras, Riquelme señaló que la medida generó repercusión en el ámbito internacional y sostuvo que Paraguay debe mantener coherencia en su política de atracción de inversiones. Aseguró que esto de dejar sin efecto los decretos llamó la atención a nivel internacional porque Paraguay siempre se caracterizó por ser un país consistente en lo que es la generación de políticas públicas, y el incentivo a la atracción de inversiones.
Lea más: Giménez defiende la tarifa baja para Atome: “era una inversión, no un daño patrimonial”
Su posición más distintiva fue insistir en que el problema no era el precio de la electricidad sino la certeza contractual. Explicó que el principal obstáculo no era el valor de la tarifa en sí, sino la necesidad de la empresa de contar con previsibilidad a largo plazo. Al respecto explicó que la tarifa que hoy tiene ANDE firmada con Atome está en 33 o 34 dólares, pero que lo que la firma busca es previsibilidad a futuro.
Atome requería una tarifa congelada por 10 años de operación, 15 en total considerando los 5 años de construcción, y mientras paga su deuda de más de US$ 420 millones.
Riquelme también fue claro en cuanto a la lógica de las “concesiones”. Señaló que “la ANDE no está para perseguir lucro, está para desarrollar el país”, y remarcó que las concesiones se hacen en todas partes del mundo para atraer inversiones ancla.
Lea más: ANDE: costo de generación subirá a US$ 50, que hará inviable la tarifa fija que pide Atome
En conversación con ABC Cardinal, el ministro agregó que cuestionamientos como los realizados sobre el negocio con Atome eran de esperarse “en un país que no está acostumbrado a ese tipo de concesiones y que está altamente pendiente de las decisiones políticas que se toman”.
Félix Sosa, la voz técnica en el ojo de la tormenta
El presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, fue el funcionario en posición más incómoda: atrapado entre las presiones del Ejecutivo por avanzar con Atome y las advertencias técnicas de su propia institución sobre la salud financiera de la empresa estatal.
El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) llegó a denunciar públicamente que el Gobierno le habría dicho a Sosa “firmá o te vas”, y que este habría respondido “me voy nomás, pero en estas condiciones no se va a firmar”. Sin embargo, posteriormete el propio Sosa desmintió esta versión.
Lea más: Sitrande celebra decisión del Gobierno y destaca retorno de la autonomía para la ANDE
En conferencia de prensa, Sosa rechazó que la decisión del Ejecutivo de derogar los decretos haya sido producto de presiones o injerencia, y aseguró: “En ningún momento he recibido algún tipo de presión de ningún sector. Lo que ocurrió acá es trabajo en equipo desde el comienzo del análisis de estos decretos”.
Sobre la tarifa, Sosa rechazó el monto de 30 dólares por megavatio hora propuesto inicialmente para un periodo de 15 años, y advirtió que esa cifra no cubría los costos técnicos de la institución, afirmando que la ANDE tiene “la obligación de advertir si creemos que puede poner en riesgo la salud financiera”.
Al mismo tiempo, Sosa cuidó no cerrar la puerta al proyecto. Señaló que se seguirá dialogando con Atome y no descartó que puedan surgir “ideas creativas” que permitan llevar adelante el emprendimiento.
Lea más: Peña deja sin efecto decretos de energía, promulgados en enero y modificados en abril
El titular de la ANDE explicó que el Plan Maestro a 10 o 15 años de la institución exige generar utilidades para enfrentar inversiones urgentes, como la reducción de pérdidas eléctricas y la mejora de las redes de transmisión. Además, reveló que el costo de generación eléctrica en Paraguay trepará en forma gradual hasta alcanzar US$ 50/MWh en el año 2043. Con esta proyección de la empresa estatal, la pretensión de la firma internacional Atome, que presiona para obtener una tarifa fija y congelada de US$ 30 durante 15 años para su planta de hidrógeno verde, se vuelve técnica y financieramente inviable.
En síntesis, el caso Atome puso al descubierto una tensión interna en el Ejecutivo: Giménez y Riquelme, desde la óptica del desarrollo industrial y la atracción de inversiones, impulsaron concesiones tarifarias que consideraban necesarias para que Paraguay deje de ceder su excedente energético.
Sosa, en cambio, representó la mirada financiera e institucional de la ANDE, resistiéndose a condiciones que —según la propia lectura técnica de la estatal— comprometerían su equilibrio económico. La derogación presidencial de los decretos no zanjó el debate: los tres funcionarios salieron a escena el mismo día para matizar, defender y reencuadrar una polémica que sigue sin resolverse, mientras Atome analiza si se queda o no en el país para llevar adelante su proyecto de US$ 665 millones.