El senador Walter Kobylanski impulsó estas solicitudes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para conocer los detalles del Power Purchase Agreement (PPA) negociado entre la empresa estatal y Atome PLC. Los documentos oficiales, ingresados el 15 de junio de 2026 y aprobados en la sesión del Senado el 17, exigen respuestas concretas e inmediatas por parte del Gobierno.
Es así que las resoluciones, previamente giradas a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, fueron posteriormente aprobadas por el pleno del Senado. A partir de su comunicación, las instituciones afectadas (ANDE, Presidencia de la República y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) tienen un plazo legal e improrrogable de 15 días para remitir toda la documentación.
El Senado emplaza directamente a la Presidencia de la República a rendir cuentas sobre las tratativas con la compañía británica. Asimismo, el MOPC deberá detallar su nivel de intervención en estas negociaciones industriales.
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Es así que la ANDE y el gabinete nacional están obligados por el artículo 192 de la Constitución Nacional a remitir copias digitales e impresas de los acuerdos solicitados.
El eje central de la preocupación legislativa es el impacto que generará en este millonario contrato la promulgación del nuevo Decreto N° 6.214/26. Esta reciente normativa del Ejecutivo derogó de un plumazo los decretos 5306/26, 5307/26, 5860/26 y 5861/26.
Estos sorpresivos cambios reglamentarios en el sector eléctrico abren dudas sobre la posible alteración de las condiciones de la tarifa fija prometida inicialmente a los inversores. Por ello, el Congreso exige saber si las negociaciones con Atome retrocedieron o sufrieron modificaciones de fondo.
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En el escrito remitido al presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez, el proyectista subraya la urgencia de contar con “información oficial sobre el proyecto de inversión”. El objetivo es evaluar el verdadero escenario tarifario tras las últimas movidas de la cúpula de gobierno.