La empresa CDD Construcciones SA, representada por César Delgado y contratista de la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (FPTI) en la obra de la ruta D025, remitió el lunes último una nota al propietario que denunció la invasión de su inmueble en el marco del proyecto en ejecución, por lo que volvió a cercar su terreno en el tramo intervenido en la zona conocida como Isla Zarate.
La firma está a cargo de la triplicación del tramo comprendido entre el acceso al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, y su empalme con el acceso norte de la ruta PY03, en Mariano Roque Alonso.
En ese escrito, la empresa remitió un borrador de un acta notarial al propietario James David Ray, que pretendía que él y su esposa rubricaran. En dicho documento, la firma condicionó el pago de la expropiación a que ambos se comprometieran a “desistir y gestionar el retiro de la denuncia policial presentada, dejando constancia expresa de que no mantendrán reclamos derivados de los hechos que motivaron dicha denuncia”.
Así lo señaló a ABC el abogado del propietario del terreno, Óscar Fernández Scifó. Según indicó, de esta forma la empresa buscaría minimizar las denuncias por la invasión de la propiedad afectada por la obra en la zona del aeropuerto, cuya superficie comprometida es de 0995 m² y 0011 cm² y cuya tasación fue fijada en más de G. 1.250 millones por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
¿FPTI ya desembolsó los recursos a la empresa y no pagó?
El abogado explicó que, en este caso, la FPTI debía desembolsar los recursos a la empresa contratista y que esta, a su vez, debía transferir el monto correspondiente a la expropiación a una cuenta bancaria del propietario. Incluso señaló que la Fundación ya habría transferido los recursos a la empresa hace dos meses, pero que esta aún no ha abonado al propietario del inmueble.
Resulta además llamativo que recién en este borrador de acta notarial CDD solicite la autorización de los propietarios para el ingreso inmediato al predio con el fin de iniciar y ejecutar los trabajos, cuando, según la denuncia, ya había ingresado previamente para realizar obras sin autorización.
Justamente, ABC realizó un recorrido por la zona de obras en la mañana de este jueves y corroboró que la propiedad afectada volvió a ser cercada con carteles que advierten que se trata de un inmueble privado, por lo que los obreros de la contratista ya no están ingresando al lugar.
Lo cierto es que este conflicto está afectando el avance de la vía, que será triplicada en un trayecto de 6,03 km. Fernández Scifó señaló que, tras presentar una denuncia policial, el caso ya se encuentra en la Fiscalía de Luque e incluso fue ampliado, dejando constancia de que la empresa contratista ingresó al predio sin autorización y, además, ejecutó trabajos de canalización en una zona que no forma parte del área expropiada.
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De acuerdo con el abogado, la contratista dejó el inmueble sin acceso al construir una estructura de hormigón que no estaba contemplada originalmente en el proyecto, elevando la nivelación de la ruta.
Sostuvo que ni la contratista, ni el MOPC ni la FPTI se hicieron responsables de los accesos ni de los daños ocasionados al inmueble, y que tampoco saben si alguna de estas instituciones autorizó la intervención.
El abogado enfatizó que incluso realizaron trabajos de canalización y descargaron agua en el inmueble, por lo que los propietarios tuvieron que cercar nuevamente la zona afectada con la advertencia de que se trata de una propiedad privada.
Fiscalía sigue sin intervenir
El abogado añadió que, llamativamente, el fiscal designado en el caso, Orlando Paiva, de la Unidad Fiscal Nº 4 de Luque, no se constituyó aún en el lugar.
“El señor Ray nunca dio autorización alguna para ingresar. Inclusive, cuando firma el documento por el que acepta la valuación del inmueble realizada por el MOPC, se establece como condición que recién una vez firmada la escritura de transferencia de dominio podían continuar los trabajos en el inmueble”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que el propietario se enteró del ingreso a su predio a través de uno de sus empleados, quien le informó que se había ingresado de forma violenta, cortando alambradas, derribando el portón de acceso y realizando construcciones dentro de su inmueble.
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Millonaria obra al margen de la ley de Contrataciones
Cabe recordar que esta obra fue adjudicada a través de la FPTI, un mecanismo que, según diversos cuestionamientos, ha sido utilizado por este Gobierno para evitar los controles previstos en la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que los llamados realizados por dicha entidad no se rigen por esa normativa. Si bien el proyecto es impulsado por el MOPC, esa cartera no estuvo a cargo de la licitación.
Inicialmente, la obra fue adjudicada a CDD Construcciones SA por G. 167.063 millones (más de US$ 28 millones al cambio actual). Sin embargo, según informó el MOPC, el costo actualizado asciende a G. 208.817 millones (US$ 31,7 millones), lo que representa un incremento cercano al 25%. Al no regirse por la Ley Nº 7021, el aumento supera el límite del 20% permitido por dicha normativa para las obras públicas.