A través de una nota remitida el pasado 23 de junio al viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Alberto Sborovsky, la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) pidió aplazar por 90 días la entrada en vigencia de la Resolución Nº 0472/2026, que establece que el gasoil Tipo III deberá contener una mezcla obligatoria de biodiésel de entre 8% y 10% a partir del 19 de julio.
En el documento, el gremio reconoce la facultad legal del MIC para fijar los porcentajes de mezcla obligatoria, conforme a las atribuciones establecidas en la Ley Nº 6389/2019, modificada por la Ley Nº 7635/2026, así como los objetivos de promoción y desarrollo de los biocombustibles impulsados por el Estado paraguayo.
Sin embargo, sostiene que la implementación debería realizarse de forma gradual y acompañada de condiciones técnicas, logísticas y de control que permitan garantizar su aplicación segura.
Hasta ahora, la reglamentación permitía una mezcla máxima del 5%, por lo que la nueva disposición representa un incremento significativo respecto al esquema anterior. La Ley Nº 7635/2026 prevé que este porcentaje pueda seguir aumentando gradualmente hasta alcanzar el 20%.
Alertan sobre la falta de verificación integral de la calidad
Uno de los principales cuestionamientos de Cadipac es que, según afirma, persisten limitaciones para verificar integralmente determinados parámetros de calidad del biodiésel y de sus mezclas, debido a que varios de los ensayos exigidos por las normas técnicas de referencia aún no cuentan con acreditación nacional.
Además, señala que la resolución fue emitida sin que se concretara previamente la mesa técnica anunciada por las autoridades ni se difundieran estudios públicos de impacto regulatorio que permitieran evaluar los efectos de la medida sobre la cadena de abastecimiento y distribución de combustibles.
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Posibles efectos sobre motores y sistemas de inyección
El gremio sostiene que la experiencia internacional, especialmente en Europa, respalda el uso de biodiésel siempre que se cumplan estrictamente las especificaciones de calidad establecidas en las normas EN 14214, para el biodiésel (FAME), y EN 590, para el diésel automotor.
Según explica, la norma europea admite mezclas de hasta 7% de biodiésel (B7), nivel aceptado por la mayoría de los fabricantes de vehículos porque no genera modificaciones significativas en las propiedades del combustible fósil, siempre que el biodiésel cumpla plenamente con los estándares de calidad.
No obstante, advierte que incrementar la mezcla por encima de esos porcentajes requiere controles más rigurosos sobre aspectos como la estabilidad oxidativa, el contenido de agua, la contaminación, los sedimentos, el índice de acidez y el comportamiento durante el almacenamiento.
De acuerdo con la nota, la ausencia de una verificación adecuada de estos parámetros podría incidir en el desempeño y la durabilidad de determinados motores y sistemas de inyección, especialmente en vehículos que no fueron diseñados o homologados para utilizar porcentajes superiores de biodiésel.
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Distribuidoras no asumirían responsabilidad por eventuales daños
En ese contexto, Cadipac manifiesta que, mientras no exista capacidad analítica local y acreditación para realizar todos los ensayos necesarios, las empresas asociadas no podrían asumir responsabilidad por eventuales efectos que pudieran presentarse en motores o sistemas de alimentación de algunos vehículos si no está debidamente garantizada la calidad del biodiésel y de la mezcla comercializada.
El gremio agrega que la implementación de la nueva disposición requiere tiempo para adecuar contratos de suministro, reprogramar la logística, ajustar inventarios, coordinar acciones entre productores, mezcladores y distribuidores, así como establecer procedimientos de control y mecanismos de fiscalización.
Por estos motivos, CADIPAC solicitó formalmente al MIC una prórroga excepcional de 90 días, con el objetivo de asegurar una aplicación técnica y operativamente sostenible de la resolución, reiterando además su disposición para colaborar con las autoridades en el desarrollo de soluciones que compatibilicen la promoción de los biocombustibles con la calidad de los combustibles, la protección de los consumidores y la sostenibilidad del mercado nacional