El presidente de la República, Santiago Peña, presentó esta noche su tercer informe anual de gestión ante el Congreso Nacional, en el que destacó las principales obras de infraestructura que ejecuta su administración.
Sin embargo, omitió mencionar la deuda que el Estado mantiene con las empresas contratistas, que asciende a unos US$ 340 millones, de los cuales US$ 190 millones corresponden a certificados de obras pendientes de pago y otros US$ 150 millones a intereses acumulados, que sigue aumentando cada vez más por la falta de pago.
Deudas millonarias y baja ejecución de obras
Asimismo, se olvidó de mencionar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dejó de publicar su ejecución presupuestaria mensual, lo que evidencia el bajo nivel de ejecución de la cartera.
Por ejemplo, en el informe de Peña se resaltó la pavimentación de la ruta PY12, en el Bajo Chaco, la última ruta nacional que permanecía sin asfaltar. No obstante, la obra fue adjudicada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y se ejecuta bajo su administración con un encarecimiento de aproximadamente US$ 50 millones.
También se destacó la duplicación de la ruta PY01, proyecto licitado durante el gobierno anterior y adjudicado en su gestión mediante la Ley de Alianza Público-Privada (APP). La iniciativa prevé una inversión superior a US$ 400 millones para conectar Asunción con Encarnación y, según el mandatario, consolidar la posición del país como un hub logístico regional.
Obras poco transparentes vía Itaipú
Asimismo, se mencionó la ejecución de dos rutas estratégicas para el transporte de más de dos millones de toneladas de granos: la ruta PY10, tramo San Cristóbal–Paso Yobái, y la ruta D007, Mariscal López–Santa Ana–Cruce Margarita. Esta última se ejecuta a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI), mecanismo cuestionado por permitir la ejecución de obras al margen de la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas y sin procesos licitatorios tradicionales.
El informe de gestión también resaltó la construcción de la ruta PY05 entre Pozo Colorado y Concepción, así como la ruta PY04 entre Pilar, Humaitá y Paso de Patria, las primeras carreteras del país construidas íntegramente en hormigón.
Igualmente, destacó las inversiones en Pilar, ciudad considerada el principal bastión político del vicepresidente Pedro Alliana, donde se ejecutan la Costanera de Pilar, el sistema de alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, además de la ruta que une la capital de Ñeembucú con Paso de Patria.
En el Departamento Central, el mandatario afirmó que se realiza una inversión histórica mediante los planes Central II y Central III, además de la rehabilitación de la ruta D027 (ex ruta PY01). Todas estas obras son ejecutadas a través del MOPC.
El polémico “Plan 1.000″ fue parte del informe
También mencionó el Plan 1000, financiado por Itaipú, mediante el cual se ejecutan obras municipales, principalmente pavimentaciones y empedrados.
Este programa también ha sido objeto de cuestionamientos por ejecutarse sin procesos licitatorios convencionales y por priorizar municipios administrados por intendentes colorados, en un contexto previo a las elecciones municipales.
Además el presidente agregó que actualmente se construyen más de 434 kilómetros de caminos vecinales para conectar comunidades con centros de salud, instituciones educativas y polos comerciales.
Igualmente, destacó las obras del denominado Tridente Urbano, que comprende tres grandes proyectos destinados a mejorar la movilidad del área metropolitana de Asunción: la autopista elevada para la salida de la capital (mediante APP y una ampliación del contrato de Rutas del Este), el acceso Aeropuerto–Mariano Roque Alonso, el viaducto Las Residentas y la duplicación de Tapé Tuja. Estas últimas también son ejecutadas a través de la FPTI, mecanismo que ha sido cuestionado por la falta de transparencia en la contratación.
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Finalmente, mencionó las travesías urbanas de Itacurubí y Coronel Oviedo, así como el viaducto del kilómetro 10 de Ciudad del Este.