En conversación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, comentó sobre la intención del Gobierno de revisar la ley vigente de Responsabilidad Fiscal, que establece un tope de déficit fiscal anual del 1,5 del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un techo que, según proyecciones, será superado tanto este año como el siguiente.
La necesidad de cancelar grandes deudas que el Estado mantiene con proveedores –principalmente en los sectores de la salud y la construcción de obras– y la inesperada devaluación de dólar estadounidense con relación al guaraní este año causarían que el déficit fiscal –un gasto del Gobierno mayor a sus ingresos– equivalgan al 3,2 por ciento del PIB.
Se espera que el déficit sea aún mayor en 2027, pudiendo alcanzar el 3,9 por ciento del PIB.
Quieren volver al tope de 1,5% en 2028
El ministro Lovera enfatizó hoy que la intención del Gobierno no es elevar de forma permanente el tope del déficit fiscal y que se están estudiando medidas para lograr que en 2028 el déficit no supere el 1,5 por ciento del PIB que establece la ley de Responsabilidad Fiscal.
Sin embargo, insistió en que eventualmente será necesario “revisar” esa ley y “vincularla a los objetivos de desarrollo que tenemos como país”.
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Señaló que esta fue ideada, redactada y promulgada entre 2012 y 2013, cuando la realidad económica del país era distinta a la actual.
La creación de esa ley fue una reacción a decisiones tomadas por el Gobierno en 2011, cuando, “durante el estudio del Presupuesto, se autorizaron aumentos salariales en promedio del 30 por ciento en casi todos los niveles del sector público”, lo que causó un “impacto efectivo anual de 800 millones de dólares” en el presupuesto, recordó el ministro.
“Como consecuencia, desde el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía) trabajamos en una ley de responsabilidad fiscal, con reglas de incremento salarial, de crecimiento del gasto corriente, reglas de ejecución del presupuesto en años electorales y un límite del déficit fiscal”, explicó.
Un “consejo asesor”
El ministro Lovera dijo que una de las innovaciones que se analiza introducir a la ley de Responsabilidad Fiscal es la creación de un “consejo fiscal asesor independiente” conformado por expertos no necesariamente vinculados al Gobierno, que haga un “seguimiento y validación” de las proyecciones para la construcción del Presupuesto de Gastos de la Nación.
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Entre otras posibles modificaciones, se podrían “establecer reglas más claras sobre incorporación de gastos, los momentos en los que se pueden ajustar salarios”, añadió.
Contratos plurianuales
El ministro Lovera defendió también el concepto de ‘contratos plurianuales’ con proveedores o empresas que el Estado contrata para la construcción de obras, una figura que algunos sectores han señalado como causante de la gran deuda del Estado con sus proveedores.
En una entrevista previa con ABC, el ministro de Economía admitió, por ejemplo, que hubo contratos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos que estaban diseñados para ser ejecutados en un periodo de dos o tres años, pero que terminaron siendo ejecutados en mucho menos tiempo debido al aumento de las prestaciones de salud.
Sin embargo, hoy el ministro dijo que la “visión plurianual que tiene el Estado” para sus contratos “es una herramienta para procesos de gestión” que puede tener efectos positivos o negativos de acuerdo a “la medida en que la gestionamos y utilizamos de manera correcta”.
Indicó también que ciertos contratos, como la construcción de rutas, necesariamente requieren plurianualidad debido a que su ejecución suele prolongarse por más de un año y son propensos a demoras.
“La herramienta pudo haber generado presiones o gestiones que no vincularon a los aspectos anuales del presupuesto y generaron estos atrasos, pero creo que, con todo lo que hemos avanzado en los últimos dos años, esta situación no va a repetirse a futuro”, declaró.