La convocatoria busca articular una respuesta conjunta frente a las políticas energéticas del Gobierno. Según explicó el secretario general del gremio, Adolfo Villalba, la intención es sumar a centrales obreras, organizaciones campesinas y otros sectores sociales para trazar una hoja de ruta común. El propósito es consolidar una movilización masiva a nivel nacional.
Durante la plenaria, los participantes trabajarán en la definición de objetivos generales que trasciendan las demandas sectoriales. La organización pretende evitar que las negociaciones se fragmenten por gremios, y buscarán una postura unificada que permita presionar al Poder Ejecutivo para atender reclamos que afectan a la ciudadanía en su conjunto.
¿Qué es lo que piden?
Los ejes centrales de la lucha incluyen el rechazo a la creación de un ente regulador y de un Ministerio de Energía, proyectos impulsados por el Gobierno. Asimismo, los gremios exigen que se cumpla el tratado de Itaipú para lograr una reducción efectiva en la tarifa eléctrica, beneficiando así a la economía de las familias.

Otro punto fundamental es la transparencia en el manejo de los fondos sociales de la binacional. Los organizadores plantean que estos recursos deben ingresar al Presupuesto General de la Nación o, en su defecto, ser sometidos a auditorías externas. Actualmente, denuncian la falta de claridad sobre el destino y la ejecución de estos montos.
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La agenda también contempla exigencias en el ámbito de la salud pública. Los sectores convocantes demandan al Gobierno garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales. Según los dirigentes, esta es una necesidad urgente que afecta a toda la población, independientemente de las reivindicaciones salariales de los trabajadores médicos.
Piden debate sobre el futuro del sector eléctrico
La convocatoria se desarrolla en un contexto de intenso debate legislativo sobre la reforma del sistema eléctrico. El senador Enrique Salyn Buzarquis presentó un proyecto de ley que propone dividir a la ANDE en seis sociedades independientes. Esta iniciativa busca separar las funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía.
Por su parte, el Poder Ejecutivo impulsa la creación de un Ministerio de Energía y un ente regulador independiente. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán atraer inversiones privadas y enfrentar la demanda energética proyectada para el año 2032. Sin embargo, los sindicatos advierten que estos cambios facilitan la privatización del sistema.

Ante este escenario, los gremios proponen como alternativa la actualización de la Ley 966, vigente desde 1964. Los trabajadores argumentan que la normativa requiere una modernización técnica y operativa, pero rechazan cualquier intento de despojar a la ANDE de sus atribuciones fundamentales en la gestión del servicio eléctrico nacional.
Planificación de la movilización nacional
Para financiar las futuras acciones, los organizadores prevén la realización de rifas y actividades de recaudación de fondos.
La estrategia incluye la difusión de materiales informativos para explicar a la ciudadanía los riesgos de la privatización y la importancia de los puntos reclamados, como la ampliación de la tarifa social.
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La plenaria del jueves servirá para coordinar la logística de una gran movilización que los sectores sociales proyectan realizar próximamente. El objetivo es alcanzar una participación de 30.000 personas para forzar la apertura de una mesa de crisis en el Congreso, donde se discutan las políticas energéticas y sociales con los actores involucrados.
La lista de organizaciones que respaldan la actividad incluye al Movimiento Campesino Paraguayo, la Confederación de la Clase Trabajadora y diversos colectivos ciudadanos. Los dirigentes reiteraron la invitación a otros sectores, como los gremios médicos, para fortalecer la unidad y lograr que el Gobierno atienda las demandas planteadas.
