El Comité de Inversiones de los Recursos Financieros Excedentes de los Programas Contributivos Civiles de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones dependiente de la Gerencia de Gestión Administrativa del Estado del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el 22 de junio del 2025 la colocación de excedentes de la Caja Fiscal por un monto global de G. 1, billón en 4 bancos del sistema, entre ellos en ueno bank por G. 250.000 millones.
Tras la caída de Ueno bank estos recursos de la Caja Fiscal unos G. 250.000 millones, más intereses quedaron atrapados, lo que acentúa aún más la crisis que atraviesa el fondo de jubilaciones del sector público, que pese a los ajustes realizadas con la reforma, todavía arrastra un millonario déficit.
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Denuncia del MEF
Al respecto, el pasado viernes 6 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) accionó penalmente contra directivos y funcionarios de Ueno Bank por el hecho punibles contra el patrimonio de la cartera estatal. El capital colocado por el MEF en dicho banco asciende a G. 250.000 millones de los excedentes de los fondos jubilatorios, sumado a G. 123.838 millones en intereses comprometidos, que completan unos G. 373.838 millones (US$ 62 millones aproximadamente.
La denuncia fue presentada por el ministro Óscar Lovera, bajo el patrocinio del Abogado del Tesoro Fernando Benavente, los mismos que integraron el comité de evaluación de dicha inversión el 22 de junio del 2025.
Lovera y Benavente integraron comité evaluador de las inversiones
De acuerdo con el acta 2 /2025 del 22 días del mes de julio de 2025, el Comité de Inversiones estaba integrado en ese entonces por las siguientes autoridades: el Viceministro de Economía y Planificación, Sr. Felipe González Soley, el Viceministro de Administración Financiera, Sr. Oscar Lovera (actual ministro de Economía) y el Director General de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado El Abogado del Tesoro, Sr. Fernando Benavente.
Según los argumentos expresados por los integrantes del CI en esa oportunidad, es que “todas las entidades financieras que presentaron ofertas para la colocación de CDA cumplieron con el puntaje mínimo requerido para la asignación de recursos,
Además mencionaron que para el monto ofertado de G. 1.000.000.000.000 (Guaraníes un billón), se tomaron en consideración los topes máximos globales ofertados por cada entidad para cada combinación de plazo y tasa de interés ofrecida, con el objetivo de diversificar la cartera de inversiones, se procedió a asignar los montos considerando la garantía y la rentabilidad ofrecida por cada propuesta.
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¿Cómo se invirtieron los excedentes de la Caja Fiscal?
El documento detalla que el CI consideró oportuno, seguro y rentable invertir los recursos, por lo que recomendó realizar la colocación de los recursos excedentes de los Programas Contributivos Civiles de la DGJP de la siguiente manera:
a) Monto de G. 400.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA del Banco Nacional de Fomento BNF, a una tasa anual 12,30% con capitalización mensual.
b) Monto de G. 250.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA del Banco Ueno Bank, a una tasa anual 12,35% con capitalización trimestral.
c) Monto de G. 250.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA del Banco BASA S.A., a una tasa anual 12,25% con capitalización trimestral.
d) Monto de G. 100.000.000.000 a un plazo de 1.825 días, en CDA de Bancop S.A., a una tasa anual 12,06% con capitalización mensual.
Situación patrimonial difiere de lo presentado en julio del 2025, dice MEF
De acuerdo con el argumento presentado por la cartera estatal de la mano de Óscar Lovera “la situación patrimonial que hoy constata el BCP difiere sustancialmente de la que la entidad presentaba públicamente en julio de 2025, cuando el MEF colocó en ella G. 250.000.000.000 de recursos de naturaleza jubilatoria sobre la base de esa información” y esto, recordemos bajo la administración de Carlos Fernández Valdovinos al frente del MEF en ese tiempo.
El MEF solicitó a la representación fiscal que investigue estos hechos, en forma autónoma o en el marco de la causa penal ya abierta, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para resguardar los fondos previsionales comprometidos, conforme a las circunstancias de hecho y de derecho que se exponen a continuación.