Actualmente son más de 6.000 los trabajadores del Grupo Vázquez y empresas vinculadas a Ueno Bank que quedaron totalmente en la incertidumbre tras la aplicación del procedimiento de resolución a raíz de la insuficiencia de solvencia que se confirmó tras un sumario a la entidad bancaria.
Esta situación se agrava con la imputación de más de 27 directivos del banco y la prisión preventiva de los miembros del directorio, entre ellos, Miguel Vázquez, expresidente del Grupo Vázquez.
El ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel, acudió hoy ante el BCP, que actualmente realiza el procedimiento de liquidación de los funcionarios de Ueno Bank, para solicitar que al menos aproximadamente 1.400 funcionarios de las empresas directamente vinculadas puedan ser considerados funcionarios del banco y sean incluidos en los pagos de indemnización.

“Hoy nosotros realizamos cuatro presentaciones acá ante el BCP en representación de personas que están vinculadas al grupo Ueno, Grupo Vázquez. Prácticamente identificamos hoy cuatro sectores. Un sector de los trabajadores de Kaitel, que son aproximadamente 1.400 personas que cumplían funciones propias del banco, se vestían como trabajadores de Ueno, pero ellos aportaban al IPS. Entonces, en la quiebra del banco, el BCP en este caso, no los reconoce como pasivo laboral. O sea, no le va a reconocer sus salarios caídos, las indemnizaciones”, puntualizó.
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Los trabajadores de las empresas vinculadas a Ueno Bank
Detalló que dentro de los 1.400 trabajadores hay un porcentaje que son los considerados como “senior”, que son los que tienen 60 años en adelante, muchos de ellos que tienen problemas de salud, enfermedades terminales, gente que tiene cáncer.

Otro segmento de personas son las embarazadas, las que el 15 de noviembre tenían que percibir salario que ya no se pagó. Por otro lado están las empresas del grupo Wepa, cuyos trabajadores también cumplían funciones para el banco, pero que tampoco van a ser reconocidos por el BCP para cobrar sus salarios o las indemnizaciones propias de la actividad que cumplían.
También están los gerentes que eran del grupo Visión Banco, que al fusionarse dejaron de cumplir funciones gerenciales, pero la ley les excluye de la indemnización.
“Hoy están apareciendo personas que están en grupos vinculados. Hoy están sin trabajar, por ejemplo, Monchis y otras empresas, Uela también, que vinieron algunas personas a hacer consultas jurídicas. Eso es un poco la presentación y esperamos que el Banco Central nos dé una respuesta, si ellos van a hacerse cargo o no para ver en adelante que acción jurídica, que temperamento procesal asumir”, precisó.
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Trabajaban para el banco, pero no figuraban
Agregó que en el caso de Kaitel, cuenta con un capital social de G. 50 millones, por lo que no tendría los fondos necesarios para poder indemnizar a sus trabajadores hoy a la deriva y aclaró que ante esta situación, existe un “principio de la primacía de la realidad”, con la que si uno se viste de bancario, cumple el mismo horario, el mismo régimen disciplinario y hace las actividades propias del banco, entonces es empleado del banco.
“El tema radica en quiénes tienen los recursos para honrar las indemnizaciones. Es el punto. Nosotros si vamos contra Kaitel, sabemos que no tenemos los recursos. Hoy tiene G. 50 millones y no tiene nada a su nombre. Otra cosa es que se le llama para llegar a la demanda y al momento de ejecutar no va a tocar nada”, explicó.
Pidió incluso ayuda a los medios de prensa para llegar hasta las autoridades del BCP para que la institución designe voceros para que se sienten con los representantes del Ministerio de la Defensa Pública y con los trabajadores afectados a fin de buscar una salida.
