Cargando...
El 22 de diciembre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una demanda planteada contra el Estado paraguayo por el hoy senador Fernando Lugo (FG), porque habría sido destituido de la Presidencia de la República mediante un juicio político arbitrario y sumario, supuestamente en violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. El 20 de diciembre último, la CIDH comunicó a las partes la admisión de la demanda, sin prejuzgar sobre su eventual pronunciamiento y el fondo del asunto, dándoles un plazo máximo de seis meses para presentar sus observaciones adicionales y poniéndose a la vez a su disposición para que lleguen a un acuerdo amistoso. Se recordará que el demandante fue destituido el 22 de junio de 2012, tras los sangrientos hechos de Curuguaty y la acusación por mal desempeño de sus funciones, formulada por la Cámara de Diputados. En la ocasión, dijo que no renunciaría, pero subrayó su “absoluta obediencia a la Constitución y las leyes ante el juicio político, con todas sus consecuencias”, declaración de la que tomó nota el entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. En la tarde del día de su remoción, expresó cuanto sigue desde el Palacio de Gobierno, donde el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro había osado arengar a militares paraguayos: “Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre por mis actos, como exmandatario nacional. Me despido como presidente de la República, pero no me despido como ciudadano paraguayo y he de servir a nuestra nación allí donde me necesiten”. Nada puede estar más claro.
En otros términos, aceptó que su remoción se ajustó a Derecho y que, por tanto, sus derechos no habían sido violados. Empero, increíblemente, se arrepintió poco después e inició una campaña en la que se presentó como víctima de un golpe de Estado, llamó a sus seguidores a manifestarse y hasta se proclamó presidente en ejercicio. Por cierto, el 22 de agosto de 2012, el secretario General de la OEA informó al Consejo Permanente del organismo que ni el exjefe de Estado ni sus seguidores habían sido objeto de persecución política ni de atentados contra su seguridad. Es más, Lugo por lo visto no se sentía en peligro alguno, pues solicitó prescindir de la guardia militar que se le asignaba como expresidente. Es muy probable que el abrupto giro del actual senador, que secundó más tarde a Horacio Cartes en su inconstitucional pretensión reelecionista, haya sido instigado no tanto por sus consejeros locales, sino por Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Evo Morales, Dilma Rousseff y José Mujica, que en aquellos días presidían sus respectivos países.
El exobispo habría pasado de someterse al juicio político y a la consecuente decisión del Congreso a inclinar la cerviz ante sus compañeros bolivarianos, hasta el punto de apoyar el ingreso ilícito de Venezuela en el Mercosur, en reemplazo del Paraguay castigado porque sus legisladores aplicaron la Constitución. Su repudiable apoyo era atribuible no solo al repentino rencor y a las afinidades ideológicas, sino probablemente también a algo mucho más concreto, contante y sonante: los maletines llenos de petrodólares, que circulaban por Sudamérica antes de que se desatara la inaudita tragedia venezolana. Lo que era vox populi fue confirmado hace poco ante la Justicia española por Hugo Armando Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar durante el gobierno de Chávez en Venezuela: “mientras fui director (...) recibí gran cantidad de reportes, señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son (...) Fernando Lugo en Paraguay...”.
El receptor supo ser agradecido con su benefactor, pero no así con sus compatriotas, a quienes defraudó tanto por su gestión gubernativa como por una conducta privada impropia de un primer mandatario. Ocurre que pretende que le paguen –serán los contribuyentes quienes de hecho lo hagan– más de 500 millones de guaraníes, sin contar intereses, por los salarios caídos hasta el 15 de agosto de 2013, a los que deben sumarse pagos por los gastos que habría tenido con motivo del juicio político y un monto no especificado en concepto de indemnización (“por daño a mi honor y reputación”). Pero el colmo de lo colmos es que además exige ser repuesto en el cargo, lo que plantearía muy serios problemas de orden constitucional, dada la legitimidad del mandato de Mario Abdo Benítez: ¿debería reemplazarlo durante catorce meses, aunque también afecte el mandato del sucesor electo en abril de 2023? Otra cuestión, algo más trivial: si retornara al Palacio de Gobierno, ¿devolvería el dinero que se la haya pagado como indemnización?
El cambiante senador se siente alentado por el avance regional de la izquierda, según surge de sus dichos en un reciente “Ñemongeta por una Patria Nueva”: auguró un retorno de los suyos al poder, aunque admitió que será difícil, opinión por lo demás sensata. Por nuestra parte, confiamos en que también le cueste obtener un fallo favorable de la CIDH, luego de que el Estado paraguayo se haya negado a llegar con él a una “solución amistosa”, como es de esperar, pues nada hay que negociar con semejante caradura.