Conceder un aumento salarial generalizado del 15% en el sector público, o en realidad de cualquier porcentaje en las actuales circunstancias, sería desastroso para las deficitarias finanzas del Estado y para el país, con graves consecuencias en términos de pérdida de poder adquisitivo para la enorme mayoría de la población. El que el vicepresidente de la República y precandidato presidencial, Hugo Velázquez, haya firmado un documento en ese sentido con la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados, aunque solo sea una declaración de intenciones o una simple disposición a negociar, constituye, por decir lo menos, una seria irresponsabilidad.
El hecho solo tomó estado público porque la titular de dicha coordinadora, Porfiria Ocholasky, divulgó por redes sociales una foto donde se lo observa a Hugo Velázquez en el momento de poner su rúbrica en medio de efusivos aplausos de los presentes, y una nota del 21 de marzo donde informa de la supuesta suscripción del “primer acuerdo” sobre un reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos (ampliación presupuestaria – ejercicio fiscal 2023), desprecarización de funcionarios contratados, modificación del horario laboral, reposición de los beneficios adquiridos por cada institución para sus funcionarios e instalación de una “mesa de trabajo y acompañamiento para el logro de estos objetivos” conformada por el vicepresidente de la República, el secretario privado de la Presidencia (Mauricio Espínola), la ministra de Trabajo (Carla Bacigalupo), un representante del Ministerio de Hacienda y representantes de la coordinadora.
Hugo Velázquez confirmó haber firmado, aunque intentó minimizarlo. Aseguró que no se trata de un compromiso, sino de ver “la posibilidad del aumento desde el punto de vista presupuestario” y añadió que el ministro de Hacienda le “dejó claro” que no existe ninguna factibilidad. Tanto si no sabía esto antes de firmar, lo que significaría que no tiene idea de la coyuntura económica y fiscal que atraviesa el país, como si lo hizo a sabiendas para congraciarse políticamente con este sector, no es una buena señal de alguien que pretende ser presidente de la República y administrar el Estado en los tiempos tormentosos que se avecinan.
Lo es menos todavía cuando, a juzgar por los hechos, lo hizo a espaldas del Poder Ejecutivo, que tuvo que salir a sentar postura y a desautorizar al pretendido grupo negociador, a la par de anunciar la presentación de un proyecto de ley que anule o limite la posibilidad de sectores políticos de aumentar gastos rígidos y recortes de ingresos tributarios en este período preelectoral, con la advertencia de que ello “podría poner en riesgo” la estabilidad macroeconómica.
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La verdad es que la estabilidad macroeconómica hace tiempo que está seriamente comprometida, con el endeudamiento al límite y cuatro años consecutivos de alto déficit, muy por encima del tope de la ley de responsabilidad fiscal; con un saldo rojo ya incorporado en el actual Presupuesto del 3% del PIB, lo que se ha vuelto a superar largamente con el reciente subsidio a los combustibles; con las presiones para aumentos salariales, algunas de las cuales ya tienen media sanción en el Congreso; con una situación internacional muy desfavorable y una recesión en puertas por el mal año agrícola; con los agregados monetarios desbordados y una inflación que comienza a ser galopante.
Aquellos que piensen que esto no les compete y no tendrá efectos para su propio bienestar y calidad de vida están muy equivocados. La variación anualizada del Índice de Precios al Consumidor ya alcanzó la barrera de los dos dígitos en marzo con el 10,1% por primera vez en 10 años, con tendencia a seguir subiendo por arriba de la media de las dos últimas décadas. Peor aún, el aumento de precios es mucho más pronunciado en alimentos, con el 17%, y en combustibles, con el 40%, dos categorías de fuerte impacto en el bolsillo de la gente.
Parte del fenómeno es de origen externo, pero si esa fuera la causa principal sería lo de menos, porque se circunscribiría a algunos productos específicos. En realidad, la inflación es provocada mayormente por causas internas relacionadas con el excesivo gasto público, el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiarlo. El que haya más dinero en la economía no significa que haya más riqueza. Si se emite moneda por encima de lo que se produce, sobre todo en un contexto de retracción económica como el actual, el resultado necesariamente es la pérdida de valor de esa moneda frente a los bienes y servicios que circulan en la economía. De ahí que el equilibrio macroeconómico, que algunos subestiman, sea tan importante para la ciudadanía.
Hay algo más de 338.000 funcionarios públicos, incluyendo contratados, jornaleros y contemplando municipalidades, gobernaciones y entes descentralizados. Conforman un sector organizado, con palanca política, sobre todo en el Partido Colorado, con capacidad de movilización y de presión, en virtud de lo cual han obtenido beneficios desproporcionadamente superiores a los de los trabajadores del sector privado, pero en total representan solo el 9% de la fuerza laboral. Hugo Velázquez y el resto de la clase política, de todos los partidos y corrientes, deben decidir si van a estar con ese 9% o con el 91% restante de toda la sociedad.