El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el comportamiento del empleo conforme a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua del primer trimestre de 2022, la primera que se vuelve a realizar con entrevistas presenciales desde marzo de 2020, cuando se desató la pandemia. Los aspectos más resaltantes son: 1) que repuntaron tanto la desocupación como la subocupación, después de la relativa recuperación que se había observado desde que llegaron las vacunas y se relajaron las restricciones en la segunda mitad del año pasado; y 2) que se profundizó la informalidad. No son buenas noticias y van en consonancia con el general deterioro de las condiciones económicas y macroeconómicas del país.
La fuerza laboral paraguaya, o población económicamente activa (PEA), está compuesta por 3.744.248 personas. Hay que tener en cuenta que no todos los que están en edad de trabajar la integran, sino solo aquellos que están trabajando o buscando empleo. Los que, o por estudio o porque no lo necesitan o porque no quieren o porque se ocupan de actividades extralaborales, o por cualquier otra circunstancia, no trabajan ni están buscando trabajo no forman parte de la fuerza laboral ni de la oferta de mano de obra.
De ese total, al primer trimestre de 2022, había 317.030 desocupados, que son aquellos que no hallaron ningún trabajo la semana inmediatamente anterior a la encuesta pese a haberlo intentado activamente. Esa cifra, el 8,5% de la PEA, volvió a los niveles del peor momento de la pandemia y se incrementó fuertemente en comparación con el cierre de 2021, cuando se registró un desempleo abierto del 6,8%, de 256.860 personas. Significa que en estos últimos meses 60.000 trabajadores pasaron a ser desempleados, un aumento de casi 25%.
La misma tendencia se verifica en el subempleo, que es el que afecta a aquellos que, contra su voluntad, están subutilizando su tiempo y su capacidad de trabajo. Se incluye en la categoría a los que no consiguieron trabajar más de 30 horas la semana anterior a la encuesta pese a estar disponibles y querer hacerlo. El subempleo es una prolongación del desempleo, por la sencilla razón de que la gente, al no encontrar trabajo a tiempo completo, baja sus expectativas y acepta lo que haya, incluyendo changas, para obtener algún ingreso. Al primer trimestre, la tasa de subempleo fue de 7,1% de la población ocupada (excluyendo desocupados), también superior a la del cierre de 2021 (6,1%), lo que equivale a 243.339 personas (el boletín de prensa del INE, aparentemente por error, menciona 194.621).
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Entre desocupados y subocupados hay 560.369 personas con problemas de acceso al trabajo (remuneraciones al margen), prácticamente uno de cada siete integrantes de la fuerza laboral.
Estos son los datos básicos, pero hay muchos otros detalles importantísimos, entre los que se destaca la alta informalidad que persiste y que tiende a acentuarse, antes que a revertirse, en el mercado del trabajo.
Para estimar la informalidad, la encuesta toma en consideración a la “población ocupada no agropecuaria”, urbana y rural, que suma un total de 2.821.033 personas. De estas, solo 1.025.108 son trabajadores “formales”, tomados por tales los que cotizan en algún sistema de jubilaciones y pensiones o que están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes. Los restantes 1.795.925 son “informales”, es decir, el 64% de los trabajadores, y eso sin considerar todavía a los de la actividad agropecuaria. El número de informales creció tanto en el sector urbano como en el rural en comparación con el primer trimestre de 2021, a pesar de que en aquella época estábamos en plena pandemia.
La informalidad laboral tiene diversas derivaciones, como la dificultad para garantizar derechos básicos o para universalizar beneficios. Un caso típico es el del salario mínimo, cuyo ajuste, próximo a estudiarse, solo beneficiará en el corto plazo a una minoría de trabajadores formales y perjudicará a todo el resto. Pero más preocupante aún es el efecto a mediano y largo plazo de la seguridad social, una bomba que no se está desactivando y que tiene el potencial de hundir al Estado y a la economía.
Menos de un cuarto de la fuerza laboral está aportando a algún sistema de ahorro jubilatorio compulsivo, lo que necesariamente significa que entre diez y treinta años más habrá, literalmente, millones de personas que ya no estarán en edad de trabajar y que no tendrán ningún ingreso. Ni duplicando la carga impositiva alcanzaría para costar una pensión básica para todos, aun si el Estado no tuviese que gastar en nada más, ni proveer ningún otro servicio, ni pagar salarios a los funcionarios activos.
La única vía para aumentar el empleo es la inversión, no existen soluciones mágicas. Para ello, es necesario generar confianza, recuperar el equilibrio macroeconómico y adoptar medidas para mejorar el clima de negocios, elevar la competitividad y el potencial de crecimiento del país. Esto debe ir acompañado de una reforma laboral que elimine distorsiones e incentive la formalización, de la mano de una reforma previsional que asegure ingresos futuros para los trabajadores. ¿Qué le proponen al respecto a la ciudadanía los candidatos, corrientes y partidos políticos que se preparan para medirse en las próximas elecciones?