Atendiendo el escaso avance que han tenido casos judicializados referentes a cuestiones ocurridas durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes o que involucraron a sus allegados, no sería de extrañar que los hechos profusamente divulgados hoy corran la misma suerte. Siendo de extrema gravedad el informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre el presunto lavado de enormes sumas de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa), de su propiedad, urge que el Ministerio Público acelere los procedimientos para desestimarlo o imputar a los responsables del delito referido. En febrero había abierto una investigación tras el escrito presentado a la Seprelad el mes anterior por el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, coincidente en lo esencial con el documento que hoy nos ocupa, sin que se conozcan hasta el momento sus avances, si los hay.
Existe un claro interés general de que estas nuevas iniciativas no tengan igual destino que las denuncias directas o indirectas contra el exjefe de Estado –aspirante además a la presidencia del Partido Colorado–, entre las que pueden citarse las referidas al fallido metrobús y a su “hermano del alma” Darío Messer, hoy condenado en el Brasil por lavado de dinero. Es preciso que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sea diligente para desmentir con los hechos que no está al servicio de quien la nombró en el cargo y que también atienda que el informe fue remitido al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debido al supuesto empleo del sistema financiero de ese país, tal como lo habían hecho altos dirigentes del fútbol mundial, allí sentenciados. Es de recordar que el líder de Honor Colorado está siendo investigado por una Fiscalía panameña, pues su familia habría creado tres “empresas de portafolio” en un solo día, tras abrirse una pesquisa en los Estados Unidos. Ahora se agrega que el Brasil ha vuelto a desplegar marinos en la frontera para combatir el narcotráfico y el contrabando de productos varios, entre los que suelen destacarse los cigarrillos, en cuya comercialización en el país vecino intervendría el crimen organizado. Sería lamentable que desde el exterior lleguen informes de actuaciones ilegales que no pudieron detectarse en nuestro propio país.
Todo esto significa que el informe de la Seprelad llamará la atención internacional, tanto por el hecho punible atribuido a un expresidente como por su condición de relevante hombre público, tanto en el empresariado como en la política. Es obvio, empero, que los más interesados en el pronto esclarecimiento de este asunto deben ser los paraguayos, en especial el propio Cartes como sus allegados, de modo que resulta comprensible que la fiscala general del Estado haya sido convocada por la mesa directiva del Senado para responder a consultas sobre el mismo. Si de algo van a servir estas convocatorias, hasta el momento estériles, es deseable que el Congreso no se desentienda de las futuras actuaciones del Ministerio Público, tal como ocurrió con los resultados de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, instalada en el caso Messer.
Quien durante su gestión gubernativa triplicó su patrimonio, según sus propias declaraciones juradas de bienes y rentas tres veces corregidas, tiene mucho que explicar, tanto a los órganos competentes como a la ciudadanía toda. En el comunicado que emitió, aparte de negar la veracidad de lo publicado, habló de una “persecución financiera” y de un “canibalismo político”, que habrían desatado el Gobierno y “grupos empresariales en posesión de medios”, que solo buscarían “lucrar con una vergonzosa campaña” contra el Grupo Cartes. En lo que a ABC Color atañe, séale permitido recordar que ya en 2009, cuando Horacio Cartes aún no se había afiliado a la ANR ni intervenido en política, publicó amplias notas sobre su presuntos lazos con el tráfico ilegal de cigarrillos. Entre muchas otras cosas, contaban que aduaneros brasileños y argentinos decomisaban cada día más cigarrillos de contrabando fabricados por Tabesa que por ninguna otra tabacalera; que su gerente general José Ortiz había dicho “no sabemos dónde se consumen nuestros cigarrillos y no es nuestro problema” y, no por último, que el Paraguay surtía el 10% del contrabando mundial de dicho producto.
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O sea que la cuestión es de vieja data y nada tiene que ver con un interés político o empresarial de nuestra parte: en aquel entonces, Horacio Cartes aún no había invertido en medios de comunicación. Es como querer sostener también que el expresidente fue enviado a la cárcel durante la dictadura de Alfredo Stroessner porque era visto como un potencial adversario político del autócrata, cuando que se refería también a cuestiones de divisas.
Dicho lo cual, corresponde insistir en la necesidad de que el informe de la Seprelad no quede en agua de borrajas, por el bien del país y del propio sospechado: si es inocente, que lo digan el Ministerio Público y la judicatura. Entretanto, que se defienda con argumentos jurídicos, sin atribuir propósitos malévolos a quienes dan a conocer hechos de larga data, que deben ser dilucidados de una vez por todas. El pueblo tiene derecho a saber si quien lo gobernó entre 2013 y 2018 y quien pretende encabezar el principal partido político del país estuvo involucrado o no en actividades ilícitas. En caso afirmativo y aunque fuera doloroso, habrá que tenerlo en cuenta de cara al futuro, para no volver a incurrir en el error capital de confiar el Gobierno a algún advenedizo que acumuló una fortuna, sin importarle el camino.