Cartismo defendió con uñas y dientes impunidad de tabacaleras

El pasado martes 12 de julio pasará a la historia como una de las jornadas más llamativas de la vida parlamentaria nacional y como una de las más importantes, pues ese día, en una sesión extraordinaria convocada por Diputados que, en mayoría, venía apoyando las iniciativas favorables a Horacio Cartes -en este caso para impedir el control de la Seprelad sobre la industria tabacalera y el fútbol-, terminó con una estruendosa derrota de los mismos, aprobándose el control al que tanto rehuyen y que tanto temen.

La crónica periodística señaló que los “diputados cartistas y sus aliados cayeron en su propia trampa y finalmente se sancionó la versión Senado del proyecto que establece controles reales de la Seprelad a clubes y tabacaleras, incluyéndolos como sujetos obligados de control. Los mismos cartistas solicitaron sesión extraordinaria, queriendo eliminar controles, pero la oposición y parte del oficialismo colorado se impusieron”.

Vale recordar algunos elementos de la sesión, porque evidencian aún más, si eso fuera posible, el empeño del grupo de los defensores del cartismo por proteger el contrabando y el lavado de dinero. El diputado Justo Zacarías (ANR), el mismo que en la sesión del 22 de junio presuntamente transmitió la orden de Cartes de eliminar del proyecto ahora sancionado la vigilancia sobre los “distribuidores” de cigarrillos, es quien pidió la extraordinaria del 12 de julio, confirmando así de dónde venía la orden de trabar la iniciativa.

Necesitaban 41 votos, como ordena la Constitución, para dejar firme la redacción a la medida deseada para excluir del control a los “distribuidores”. Por lo que cabe presumir, Zacarías se mostraba totalmente convencido de tenerlos y así se lo hizo saber a todos los interesados.

Quienes siguen la línea bajada por el cartismo en la Cámara Baja quisieron votar a tambor batiente, pero el diputado Édgar Acosta, autor del proyecto, solicitó registro de la votación para que los nombres de los diputados de una u otra posición queden registrados en el acta. Así se dispuso por vía de la presidencia de la Cámara.

De modo que los legisladores tuvieron que votar nominalmente. El resultado produjo tremenda y notoria desazón a los enrolados en las filas del expresidente: cuarenta a cuarenta, por lo que puede presumirse que Horacio Cartes no logró “convencer” a los cuarenta y uno que necesitaba para rechazar el proyecto que proporcionaba un elemento más para luchar contra el contrabando y el lavado de dinero. Felizmente, el instrumento ya fue promulgado como ley por el Poder Ejecutivo.

Tan desesperados quedaron, tan consternados estaban, que el diputado Basilio Núñez pidió que se vote de nuevo, tratando ilegal e ilegítimamente que la votación fuera considerada al margen de lo dispuesto para el último trámite del proceso legislativo.

La presidencia de la Cámara desechó la insólita pretensión y el proyecto de control quedó sancionado, incluyendo la vigilancia sobre los “distribuidores” que a todas luces se necesitaba imperiosamente evitar.

El precandidato a la Presidencia de la República por el cartismo, Santiago Peña, debería aclarar por qué su jefe busca desesperadamente proteger a los “distribuidores” de cigarrillos de la vigilancia de la Seprelad. Debería explicar por qué hay que proteger el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. Peña debería aclarar eso para poder decir sin dejar duda alguna que está a favor de la legalidad. Una persona honesta no necesita proteger a “distribuidores” de cigarrillos sobre quienes existen sospechas de irregularidades.

Ahora cabe esperar que la Seprelad no sea cooptada por Cartes como la Fiscalía General y que la entidad encare un firme combate al lavado de dinero, tomando con seriedad los reportes de operaciones sospechosas que surgen sobre los tabacaleros y sus distribuidores, que hasta ahora gozan de una inexplicable impunidad.

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