Populismo para pocos y perjuicio para la mayoría

El subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana es un típico ejemplo, y dista de ser el único, de lo injusto, engañoso y contraproducente que es el populismo, que normalmente beneficia en el corto plazo a grupos minoritarios de la población, proporciona inmerecidos réditos políticos a quienes manejan la cosa pública y perjudica a la gran mayoría, incluyendo con frecuencia a esos mismos a quienes supuestamente se busca favorecer. El tremendo derroche de fondos públicos de los últimos años es la causa del déficit fiscal, de la suba generalizada de precios, del incremento del endeudamiento y de que el Estado no tenga recursos suficientes para destinarlos a las verdaderas prioridades del país y del desarrollo nacional.

El subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana de la Capital es un típico ejemplo, y dista de ser el único, de lo injusto, engañoso y contraproducente que es el populismo, que normalmente beneficia en el corto plazo a grupos minoritarios de la población, proporciona inmerecidos réditos políticos a quienes manejan negligentemente la cosa pública y perjudica a la gran mayoría, incluyendo con frecuencia a esos mismos a quienes supuestamente se busca favorecer.

Por definición, los subsidios son transferencias de recursos de un sector de la sociedad a otro. Son distintos de los impuestos en el sentido de que estos últimos deberían ser para el bien común, para solventar las grandes funciones del Estado que son fundamentales para el conjunto de la comunidad, tales como la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, el servicio exterior, la administración pública, el sistema judicial, y que, por tanto, suponen una contraprestación para las personas que contribuyen. Los subsidios, en cambio, son para grupos específicos, a menudo los que tienen capacidad de presión y que son políticamente “apetecibles”, lo cual no necesariamente significa que sus intereses sectoriales correspondan con el interés general.

De más está decir que muchas veces los subsidios se justifican, sobre todo para auxiliar a los segmentos más pobres y vulnerables, en el entendimiento de que la sociedad está más que dispuesta a ayudar solidariamente a los compatriotas que están en una situación de suma desventaja, para que puedan incorporarse en mejores condiciones al tejido social, tanto por una cuestión moral como porque ello también conviene a todos. Sin embargo, es preciso hacer algunas importantes distinciones.

Una es que, en todos los casos, los subsidios deben ser transparentes, directos, bien focalizados, con objetivos claros y medibles, porque si se les va a pedir a unos que ayuden a otros lo mínimo que los primeros tienen derecho a exigir es que se les asegure que su dinero llega realmente a los destinatarios, que se les rinda cuentas, que se les demuestre con las correspondientes evaluaciones de impacto y resultados que su aporte está siendo efectivo y no cayendo en saco roto o desviándose por el camino.

Otra distinción es que los subsidios deben ser temporales y sujetos a determinados condicionamientos, porque una cosa es ayudar al desamparado y otra muy distinta es mantenerlo por tiempo indefinido, sin exigirle ningún esfuerzo propio para salir adelante.

Otra distinción crucial es que los subsidios deben ser única y exclusivamente para los más necesitados, porque es a todas luces injusto e ilógico que se le obligue a alguien a cargar con otro que puede y debe valerse por sí mismo, más allá de las posibilidades de cada quién. Aunque esto pueda resultar muy obvio, en la práctica rara vez se cumple y, al contrario, lo que suele ocurrir es que los que menos tienen terminan subsidiando a los que tienen más que ellos.

Un ejemplo es el transporte público. Por razones políticas, supuestamente por “sensibilidad social”, los distintos gobiernos han mantenido virtualmente congelado el pasaje urbano en la Capital y el área metropolitana y, a cambio, para viabilizar el servicio, solo en el primer trimestre de 2022 se transfirieron a las empresas del sector 47.500 millones de guaraníes en subsidios, casi tres veces más de lo que se pagó por el mismo concepto en el primer trimestre del 2021. Al margen de la discusión de si los transportistas ganan o pierden, o de si el servicio es bueno o malo, lo concreto es que ese subsidio es pagado por toda la ciudadanía, lo que significa que los habitantes de lugares como Encarnación o Ciudad del Este, o Concepción o San Pedro, o el Chaco, de sitios donde a veces no existe ningún tipo de transporte público, están aportando para que los usuarios de Asunción y alrededores tengan un pasaje más barato.

Este subsidio ni es transparente, ni está focalizado ni está sujeto a evaluaciones, ni es temporal ni está dirigido a un sector en pobreza extrema. En todo caso, se podría haber buscado la manera de subsidiar solamente a los más pobres a través de las tarjetas electrónicas, pero el Gobierno no va a hacer nada de eso. El subsidio ha aumentado aun más para compensar la suba del gasoíl y, según ya se ha anunciado, el pasaje seguirá congelado por lo menos hasta fin de año, no por casualidad en coincidencia con la época electoral.

Lo mismo se puede decir de los subsidios a los combustibles, a los camioneros, a diversas organizaciones, los aumentos salariales indiscriminados en el sector público, las jubilaciones de privilegio, las pensiones no contributivas y muchos otros casos. Hay quienes creen que nada de esto les afecta, pero están equivocados. El tremendo derroche de fondos públicos de los últimos años es la causa del déficit fiscal, de los desequilibrios monetarios, de la suba generalizada de precios, del incremento del endeudamiento y de que el Estado no tenga recursos suficientes para destinarlos a las verdaderas prioridades del país y del desarrollo nacional.

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