El Ministerio Público que dirige Sandra Quiñónez actúa con gran celeridad... según la cara del cliente. O si no, que lo diga el exsenador, extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y exministro del interior Arnaldo Giuzzio. En menos de lo que canta un gallo su vivienda fue allanada, los fiscales Osmar Legal (de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción) y Alicia Sapriza (de la Unidad Especializada de Crimen Organizado) le imputaron de inmediato por cohecho pasivo agravado y el juez Agustín Delmás ya aceptó la imputación. Cualquier observador del exterior que lee esta noticia se ha de maravillar de la celeridad con que actúa la justicia paraguaya, pero eso es porque no está enterado de la realidad, que está muy lejos de esa idílica visión.
En efecto, con frecuencia se denuncia en la prensa y en informes oficiales que la Fiscalía es lerda y pesada cuando, sobre todo, sus actuaciones vayan a afectar al expresidente Horacio Cartes y a sus allegados. La ley orgánica de la institución le obliga a perseguir los hechos punibles de acción pública “inmediatamente después de la noticia de su comisión”. Y así obran en realidad los agentes de la fiscala general Sandra Quiñónez cuando casualmente un presunto involucrado goza de la inquina del exjefe de Estado. Así se viola el principio de igualdad y se transmite la fuerte impresión de que están al servicio de un poder fáctico “significativamente corrupto”.
De hecho, no entramos a discutir aquí los procedimientos que afectaron a Giuzzio –quien denunció a Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y ante el Congreso– ni las medidas que le fueron aplicadas, toda vez que los contactos que habría mantenido con el narcotraficante brasileño Marcos Vinicius Espíndola, desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, generaron fuertes indicios que justifican dichas medidas. Lo reprochable, sin duda, es que existan varias causas penales en las que el Ministerio Público no se muestra tan enérgico, por la razón aparente de que atañen, en forma directa o indirecta, a quien la fiscala general del Estado debe su alto cargo. La gratitud es un sentimiento loable, siempre que no suponga quebrantar la ley.
La Seprelad y una Comisión Bicameral de Investigación entregaron informes sobre el “hermano del alma” Darío Messer, hoy punido en el Brasil por lavado de dinero; la Unidad Institucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando pidió allanar Tabacalera del Este SA (Tabesa); el presidente del PLRA, Efraín Alegre, denunció a Cartes por declaración jurada falsa; el Ministerio Público abrió la causa “Persona innominada s/ lavado de dinero”, tras la referida denuncia de Giuzzio; la Seprelad informó sobre ciertas “operaciones sospechosas” del diputado cartista Erico Galeano, quien habría realizado algunos negocios con el expresidente, la Secretaría Nacional Anticorrupción denunció el financiamiento del terrorismo, luego de que un avión iraní-venezolano haya llevado cigarrillos de Tabesa. Estas iniciativas, que surgieron entre el 27 de diciembre de 2017 y el 22 de mayo de este año, no registran avances: están paralizadas, porque así parece convenirle al candidato a presidir el partido oficialista. En verdad, sus diputados lo defendieron a él mismo cuando impidieron el juicio político a quien encabeza el Ministerio Público: Sandra Quiñónez no era más que el escudo a ser preservado a toda costa, por muy evidentes razones. No pudo graficarlo mejor un convencional colorado por Capiatá, en un audio que se viralizó, en el momento del estudio de juicio político a la misma, de que “Si se va Sandra, chau nuestros candidatos, directo a la cárcel”.
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En el “haber” de la Fiscalía también puede mencionarse que imputó por delitos inexistentes a la activista social María Esther Roa, que con otros compatriotas realiza manifestaciones de escrache a los acusados de corrupción.
Por tanto, no resulta absurdo interpretar la imputación y el allanamiento de la vivienda de Arnaldo Giuzzio como una pura venganza, tal como él lo cree. Es que cuando una persona o una institución pierde credibilidad, incluso sus actuaciones correctas resultan sospechosas. El Ministerio Público la ha perdido porque, en vez de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, ha venido transmitiendo la impresión de que más bien protege los intereses de Horacio Cartes y de sus seguidores cercanos, a menudo opuestos a los del país.
Se entiende que combatir a los “motochorros” sea más cómodo que molestar a quien, según el Gobierno estadounidense, “obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal”, socavó “la estabilidad de las instituciones democráticas del Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente”, entre otras cosas.
El Ministerio Público debe combatir a los motochorros y a los ladrones de bicicletas. Pero también debe luchar contra el crimen en gran escala, en vez de favorecerlo por omisión: a Sandra Quiñónez y a sus agentes no se les paga para servir a los malhechores de guante blanco, sino a sus cuantiosas víctimas.