El exministro de Hacienda César Barreto, de vasta experiencia en el seguimiento y análisis de las finanzas públicas, comentó en Radio ABC Cardinal 730 AM que, de acuerdo con sus simulaciones econométricas, existe un solo y único escenario en el que el próximo Gobierno podría evitar una suba de impuestos, y es el de que se mantenga una estricta disciplina fiscal desde ahora y durante los cinco años del siguiente mandato. Básicamente, ello implica, si no eliminar, al menos reducir el déficit anual al tope del 1,5% del PIB que se sostuvo hasta un año antes de la pandemia. Lamentablemente, ninguna señal apunta a esa dirección, antes bien todo lo contrario, por lo que la ciudadanía que no vive del Estado, que es más del 80% de la población, debe prepararse para dar mucho más de sus propios ingresos, del fruto de su trabajo, para pagar la cuenta de la irresponsable clase política.
Barreto participó junto con exponentes de diversos gremios del sector privado de una reunión convocada por el Equipo Económico para compartir la preocupación por el desmedido aumento del gasto público a partir de iniciativas parlamentarias que responden a intereses sectoriales antes que a la sociedad que dicen representar. Solo para lo que resta del año impulsan ampliaciones presupuestarias y leyes especiales con un potencial impacto en el fisco de 1.800 millones de dólares, algunas de ellas vetadas, pero ya reconfirmadas por el Congreso a pesar de que no existen los recursos para financiarlas.
Además de ello, en el proyecto de Presupuesto 2023 ya hay pedidos de incrementos por 400 millones de dólares y su estudio apenas está comenzando. La mayor parte son gastos corrientes que se agregan al gasto fijo del Estado, lo que no solamente los convierte en permanentes, sino que obligan a recortar otros programas que están más en línea con las verdaderas prioridades y necesidades del país.
Esta actitud de una mayoría de parlamentarios de distintos partidos y movimientos, con solo un puñado de excepciones, echa por tierra el compromiso que se había acordado después de la pandemia de ir reduciendo año a año el déficit hasta converger en el tope de la ley de responsabilidad fiscal en 2024. Si se confirman las actuales tendencias necesariamente se vienen aumentos de impuestos, si no es algo peor.
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Muchos políticos, que nadan en privilegios solventados por los contribuyentes, alegremente suelen hablar de subir los impuestos con la vieja cantinela de que la “presión tributaria” en Paraguay es baja en relación con otros países, entre el 10% y el 13% del PIB dependiendo de la base que se tome.
Este es un argumento sumamente discutible. En primer lugar, en un país donde por lo menos el 40% de la actividad económica se maneja en negro, esa presión es mucho mayor sobre los que se desempeñan en el sector formal y cualquier incremento tributario vuelve a recaer desproporcionadamente sobre ellos. En segundo lugar, la “presión tributaria” en Paraguay no incluye impuestos municipales ni cargas sociales, que sí están contemplados en otros países con los que nos comparan. Tampoco se incluyen los aportes provenientes de las hidroeléctricas, como si no fueran empresas paraguayas.
En todo caso, más representativo es el concepto de “carga tributaria” sobre las empresas, que se mide por la “tasa efectiva de tributación” a partir de las declaraciones de los contribuyentes reales en el Sistema Marangatu. Consiste en la suma de los aportes de las empresas, más las retenciones que les fueron practicadas, menos las retenciones que ellas les practicaron a terceros, menos las devoluciones, en relación porcentual con sus utilidades antes de impuestos. Incluyendo los aportes patronales a la seguridad social, el promedio de carga tributaria en Paraguay sobre las empresas es del 25,2%, uno de cada cuatro guaraníes de renta generada.
Por otra parte, los ciudadanos que contribuyen con impuestos en Paraguay no solo reciben a cambio una contraprestación de muy baja calidad por parte del Estado, sino que permanentemente se ven defraudados por escándalos de corrupción y por el uso discrecional de los recursos que aportan para fines que nada tienen que ver con el interés nacional.
Pero al margen de todo ello, a este ritmo ni siquiera la suba de impuestos será suficiente. Para mencionar un solo ejemplo, si no se realizan urgentes reformas en la Caja Fiscal, el sistema previsional del sector público tendrá un déficit de 2.500 millones de dólares ya durante el próximo gobierno. Significa que, aun si se duplicara el Impuesto al Valor Agregado, lo mismo no alcanzaría ni para costear las jubilaciones de los funcionarios retirados.
El panorama es extremadamente preocupante. La primera consecuencia del descalabro de las cuentas nacionales y la pérdida de la sostenibilidad fiscal es la inflación, el peor y más injusto de los impuestos, porque impacta más en los que menos tienen. Los altos déficits continuados provocan inevitablemente desequilibrios monetarios que derivan en la suba generalizada de precios, algo que ya está ocurriendo en el país.
Por lo tanto, ciudadana, ciudadano, anote los nombres y recuerde los rostros de quienes no paran de promover y aprobar aumentos de los gastos en el Congreso a costa de su bolsillo, porque ellos son y serán los responsables de que usted pronto tenga que pagar más IVA, más Impuesto Selectivo al Consumo, más Impuesto a la Renta, todo lo cual se traslada a los precios, mayores tasas de interés y, en general, sufrir la desvalorización de su dinero y el deterioro de su calidad de vida.