El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, volvió a formular muy graves acusaciones contra su antecesor en el cargo, Horacio Cartes. Si la Justicia funcionara en nuestro país, sus palabras deberían tener consecuencias, ya sea para él por haber calumniado o para el expresidente por efectivamente haber delinquido. Dado que la calumnia es un delito de acción penal privada, el inculpado sabrá qué hacer en defensa de su honor y reputación, si cree tenerlos; en cambio, los hechos punibles atribuidos a este son de acción penal pública, de modo que exigen la intervención de la Fiscalía General del Estado. Si Marito ya había tildado a su adversario político en el marco de una campaña proselitista anterior de ser el mayor contrabandista del país, acaba de ir más lejos al afirmar que “utilizó la diplomacia para hacer negocio, como utilizó toda la estructura del Estado para hacer negocio e institucionalizó la corrupción, dentro de la burocracia pública”. Más aún, sostuvo que vino de la “marginalidad” y que retornó a ella habiendo ocupado la presidencia de la República gracias a “un puente de oro” que, cabe agregar, fue levantado por la ANR, a cuya conducción aspiran ambos. Bien puede entenderse que su detractor lo tiene al exjefe de Estado por alguien que actúa fuera de las normas sociales comúnmente admitidas, tal como lo hace un delincuente: responderle con el silencio implicaría consentir la incriminación o, lo que sería muy significativo, estimarla del todo irrelevante.
Las palabras citadas no se inscriben en el marco de un debate político normal, en el que se intercambian opiniones sobre asuntos de interés público: aquí se habló de delitos que deben ser investigados de inmediato, salvo que Sandra Quiñónez crea que el primer mandatario es un charlatán irresponsable, indigno de ser tomado en serio. El 26 de enero de este año, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio denunció a Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Al respecto, el 7 de febrero, el Ministerio Público abrió una pesquisa contra “personas innominadas”, debido a que se ignoraba su alcance: hasta hoy ni siquiera se conocen los primeros resultados, al igual que los avances de las “varias causas” en las que se investiga la eventual participación del mismo que podrían tener “relevancia penal”, según informó el mismo organismo el 22 de julio. Dicho señor tiene buenos motivos para confiar en que no sufrirá molestias, mientras la fiscala general del Estado permanezca en el cargo que envilece.
A los observadores extranjeros les llamará la atención que el Presidente de la República haga acusaciones muy severas y que ellas sean pronto olvidadas tras un abrazo, como si en este país no se perdiera ni se ganara reputación, al decir de Cecilio Báez. Y como si no funcionara el Ministerio Público, que debería representar ante los órganos jurisdiccionales a la sociedad, tan castigada por la corrupción rampante. Un correligionario suyo –Marito– sostiene que Horacio Cartes hizo negocios particulares valiéndose del Estado, convertido bajo su jefatura en un instrumento del delito: se habría servido hasta de las relaciones diplomáticas, manipulando así incluso a otros Gobiernos. Es improbable que ellas generen un sismo político, acaso porque ya se estima natural que no se distinga entre lo público y lo privado, debido a la prolongada degradación de las normas. Como si ya no hubiera conciencia del delito y la letra del tango “Cambalache” retratara al Paraguay actual.
Los dichos de un gobernante, en los que inculpa a un antecesor, deben tener consecuencias. Sería deplorable que sean ignoradas por inverosímiles o, lo que sería mucho peor, por estimarse que las ilicitudes referidas son nomás luego propias de un presidente de la República del Paraguay. Es hora de que la ciudadanía se movilice en defensa propia, repudiando, dentro de lo que permite la ley, tanto a los que delinquen como a los que les permiten hacerlo impunemente.
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