En la Cámara de Senadores hay una tendencia de varios de sus miembros de más bien reducir a 8 años la pena máxima de 10 que estaba en vigencia para los casos de lesión de confianza y estafa, y que un proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados propone elevar a 15 años. Otros pretenden dejarlo en los 10 años contemplados actualmente. Quienes se oponen sostienen el argumento pseudotécnico de que dicho aumento de penas destruiría la sistematización del Código Penal.
Pseudotécnico porque introduce el modo de construcción de un Código Penal, con sus escalas punitivas, para pretender olvidar la razón de ser de semejante instrumento normativo, el más importante de toda sociedad organizada después de su Constitución.
La razón de ser, la causa por la cual existe, de un código penal es castigar las conductas que la sociedad estima reprochables según criterios que cambian de acuerdo a la experiencia de dicha sociedad.
Suponer que una sociedad debe renunciar a capitalizar su experiencia vivencial por mantener una sistematización formulada principalmente en el mundo de la teoría, es uno de los disparates más groseros que hayan podido proferir los senadores que están detrás de esta idea perversa que beneficia a los corruptos.
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Implica un desconocimiento absoluto de la Historia del Derecho, una total ignorancia de la Filosofía del Derecho y confirma que los corruptos se valen siempre de la infatuación de los mediocres con título para hacerles sostener pontificalmente los disparates que sostienen.
Una sociedad que lleva treinta años confirmando a diario que la corrupción pública es su principal problema, el que deja sin salud a los enfermos, sin educación a los niños y jóvenes, sin seguridad a la ciudadanía y sin defensa a la nación, tiene derecho pleno a corregir el rumbo modificando para el efecto el Código Penal.
Ya se ha hecho con el aumento de penas a las invasiones de propiedad y debe hacerse para aumentar los castigos a los corruptos.
Pero según estos senadores disparateros funcionales a la corrupción, nuestra sociedad no puede corregir el rumbo en el nombre de una entelequia académica que se llama sistematización que, siempre, es solamente el resultado de los valores de los académicos que lo redactan.
La sistematización es un auxiliar muy útil en la construcción de los cuerpos legales en general, y del Código Penal en particular, siempre que se entienda con claridad que no es un fin en sí mismo, y que no puede serlo sin destruir la capacidad de la sociedad de capitalizar sus propias experiencias.
La realidad pura y simple que estos senadores funcionales a la corrupción quieren disfrazar con argumentos pseudotécnicos es que buscan proteger esa misma corrupción de la que nuestra sociedad está harta por las razones ya señaladas.
Al parecer, algunos de ellos actúan por irresponsable ingenuidad e ignorancia, pero puede presumirse que un buen número lo hace por pura perversidad, para apuntalar un statu quo en el que han medrado sin vergüenza a costa del pueblo paraguayo.
No hay razón alguna por la que no se deba desenmascarar a los charlatanes que benefician a los ladrones. No hay razón alguna por la que no se deba castigar a los sinvergüenzas, por ejemplo dejándolos sin candidaturas para obtener bancas en las próximas internas de las organizaciones políticas del 18 de diciembre.
La Cámara de Diputados debe mantenerse en su posición de aumentar las penas a los corruptos, y los que puedan deben presionar a los senadores que conozcan para que obedezcan las necesidades de una sociedad cansadísima de que los ladrones se muestren impúdicamente en público con los frutos de sus robos.