Según datos provisorios, el “clan Fretes”, que involucra a Amílcar y Asdrúbal Fretes, hijos del presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, así como a la abogada Lourdes González, posee unos setenta inmuebles, cuyo valor fiscal asciende a más de 32.981 millones de guaraníes, cifra esta que crece exponencialmente a precios de mercado. Los voraces “emprendedores” montaron una red de firmas, entre las que se destaca Río Salado SA, accionista de Negocios y Servicios SA, una firma que se dedica a las cobranzas desde 2008 y que es dueña de más de treinta fincas en varias ciudades importantes: la mitad de ellas fue adquirida tras un remate o un pleito judicial, previa intervención de la Sindicatura General de Quiebras, un órgano auxiliar de la máxima instancia judicial, que administra los bienes de las personas físicas o jurídicas declaradas en quiebra. Desde 2016, uno de los integrantes de la Sindicatura es el enriquecido Blas Manuel Velázquez, un fiel compueblano del ministro que tiene el descaro de negarse a renunciar al cargo que viene deshonrando.
Negocios y Servicios SA también cuenta hoy con una participación de más de 7.600 millones de guaraníes de la firma MTA SA, representada por Óscar Diesel, hermano de otro ministro de la Corte, César Diesel. Los negocios estratégicos entre los parientes cercanos de dos miembros de la suprema autoridad judicial se extiende a Patria SA de Seguros y Reaseguros y a Itacuá Bienes Raíces SA, dado que de este entramado también participan Río Salado SA y MTA SA.
Todo indica que dicha alianza fue favorecida por las actuaciones del mencionado órgano auxiliar de la CSJ, de modo que urge que tome cartas en el asunto su Dirección General de Fiscalización y Registro de Propiedades de la Sindicatura General de Quiebras, encargada de “mantener un control permanente de las propiedades custodiadas por las distintas quiebras” y de “constituirse en un banco de datos permanente que coadyuve la transparencia de los procesos”. No se sabe nada de la actuación de este organismo, pero, por lo que parece, no ha ejercido tal control ni ha favorecido la transparencia, al menos cuando Asdrúbal Fretes se mostraba interesado en quedarse a precio vil con valiosos inmuebles, en perjuicio de los legítimos adquirentes, según denuncias reiteradas. A tanto llega la desvergüenza, dada la impunidad asegurada, que trece inmuebles de Luque, pertenecientes a Negocios y Servicios SA y no derivados de una quiebra, tienen un precio de 34.540 guaraníes y 2,2 metros cuadrados cada uno, sin que a la Municipalidad le inquieten tan increíbles datos.
El Consejo de Superintendencia de la CSJ hará bien en supervisar de una buena vez la Dirección mencionada, en tanto que la Contraloría General de la República tiene que fiscalizar los ingresos y gastos de la Sindicatura General de Quiebras. En esta fétida materia hay mucha basura acumulada a lo largo de los años: no hay antecedentes en cuanto a sanciones, pero ya es hora de emplear los recursos legales necesarios para erradicar lo que sería una indignante corruptela de larga data. En el Paraguay, la ley primera no sería hacerse amigo del juez, sino estar emparentado con un ministro de la CSJ para, por ejemplo, ocultar impunemente en una declaración jurada el hecho de ser director titular de una empresa siendo funcionario del Ministerio Público. Este organismo, por lo demás, amplió a Asdrúbal Fretes la investigación abierta a su hermano Amílcar por indicios de lavado de activos: se espera que sea mucho más diligente que en otras pesquisas que involucran a capitostes políticos, cuyos casos enmohecen en alguna gaveta sin avanzar nunca. La trama ha salido a la luz tras conocerse un presunto contrato para evitar la extradición a Estados Unidos del libanés Kassem Mohamad Hijazi a cambio de 368.000 dólares.
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El hecho de que en estos sucesivos escándalos aparezcan dos hijos del ministro Antonio Fretes implica un nuevo y severo golpe al Poder Judicial, muchas veces amparo y reparo de sinvergüenzas de diversa índole, para mal de sus víctimas indefensas. En efecto, ¿cómo los afectados pueden litigar para hacer valer sus derechos contra tan altos contrincantes? Vuelve a la memoria los numerosos casos que salieron a luz tras escucharse los audios que involucraron al exsenador colorado, hoy fallecido, Óscar González Daher, cuando este encabezaba el Consejo de la Magistratura, y ordenaba a jueces y fiscales que atendieran a sus recomendados con problemas. Su hermano Ramón también cometió barbaridades, al punto de que la jueza Claudia Criscioni, integrante del tribunal que condenó a este último, tuvo que pedir disculpas, en nombre de la Justicia, a las víctimas de tan desalmado personaje.
Cabe preguntar entonces si las víctimas de los últimos casos surgidos que al parecer estaban también amparados por elevados personajes, pueden albergar alguna posibilidad de recuperar sus derechos o deben resignarse a perderlos definitivamente. ¿Puede esperarse que, al menos, los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia sean más sensibles hacia quienes ven perforados sus derechos y cuyos reclamos chocan contra las murallas de los privilegiados y protegidos por quienes deben impartir justicia?
La balanza sigue estando inclinada hacia los dueños del poder.