Uno es la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. En agosto se cumplen 50 años de su entrada en vigencia y se abre la posibilidad de modificar sus términos, pero no va a ser fácil. Para empezar, no existe un plazo y Brasil no está precisamente incómodo con el statu quo, por lo que le bastaría dar largas al asunto con el objetivo de terminar conformando a su socio con pequeñas concesiones, como ha ocurrido históricamente. Desde luego que una cosa son los discursos grandilocuentes y otra es la realidad. Habrá que llegar a un acuerdo que de alguna manera sea aceptable para Brasil. Sin embargo, es muy importante tener una clara visión estratégica, que necesariamente pasa por la renta potencial de los 20 millones de megavatios/hora de excedentes que tiene Paraguay anualmente en la central, y que hoy debe ceder a su poderoso vecino a cambio de una ínfima compensación. Si para Brasil es importante la disponibilidad, entonces hay que hablar del precio. O paga un valor cercano al de mercado por ese sobrante hasta que Paraguay pueda utilizarlo en su totalidad o permite que sea Paraguay, y no la operadora estatal brasileña, el que subaste esa energía y obtenga los dividendos que legítimamente le corresponden. Los candidatos tienen que exponer qué piensan plantear en la mesa de negociación.
Un segundo gran desafío es la sostenibilidad fiscal, sin la cual no solamente se achican enormemente las posibilidades de implementar políticas públicas desde el Estado, sino que se compromete seriamente el bienestar de la población por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, la caída de las oportunidades de empleo y de negocios, la probable suba de impuestos y el deterioro general de la economía y del proyecto de desarrollo nacional. Paraguay lleva más de una década de déficit fiscal ininterrumpido, que se ha agudizado dramáticamente desde la pandemia; el endeudamiento público está al límite máximo, con más del 35% del PIB; los agregados monetarios están desbordados, con una inflación muy superior a la que el país estaba acostumbrado, de dos dígitos en áreas muy sensibles para la gente, como los alimentos. La mayoría parlamentaria ha empeorado la situación con incesantes incrementos de los gastos rígidos por encima de la capacidad real de financiamiento, lo que causará serios problemas al próximo gobierno. Quien se quiera hacer cargo de la administración del país indefectiblemente deberá tener un plan de ajustes para detener la sangría y volver, cuando menos, a un déficit controlado no mayor al del tope de la ley de responsabilidad fiscal.
Desde un punto de vista más estructural, un tercer gran desafío es la reforma del Estado, para restablecer su capacidad de hacer rendir el dinero que aportan los contribuyentes y generar una contraprestación equivalente de servicios a la ciudadanía. Hoy no solo alrededor del 80% de los recursos del Tesoro se destinan a salarios y remuneraciones, lo que deja escaso margen para todo lo demás, sino que la productividad del trabajo en el sector público es muy inferior a la del sector privado debido a toda una serie de malas prácticas e incorrectos incentivos. Sería bueno saber qué posición tienen los candidatos, por ejemplo, frente a los proyectos de nuevas leyes de la función pública y de contrataciones y adquisiciones, y qué otras iniciativas tienen en mente para mejorar la eficiencia estatal, la calidad del gasto público y el control de la corrupción.
Un cuarto desafío de extraordinaria importancia es la educación. Antes de la pandemia, según la última prueba PISA de 2017, el 68% de los alumnos de 15 años en el país no alcanzaba las competencias básicas en lectura, el 92% en matemática y el 76% en ciencias. Este calamitoso panorama se agravó mucho más con dos años de virtual interrupción de las clases, tal como sugieren todos los estudios que se han hecho en la región y en el mundo. Se deben hacer nuevas y estrictas mediciones para conocer el verdadero punto de partida, por duro que sea, y los candidatos tienen que dar a conocer qué piensan hacer para no condenar al fracaso a esta generación de niños y jóvenes.
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Un quinto desafío que amenaza con explotarle en la cara al próximo gobierno es el de la Caja Fiscal, que es la que administra los aportes y haberes jubilatorios del sector público. Según proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, el déficit alcanzará los 2.500 millones de dólares ya durante el siguiente mandato presidencial. Ese monto es el triple de las actuales recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado, lo que significa que, si no se hacen urgentes y drásticas reformas, habrá que triplicar el IVA que pagan los ciudadanos solamente para solventar las jubilaciones de los funcionarios públicos. Las reformas son imperiosas y necesarias, pero no serán populares. La gente tiene que poder evaluar si los candidatos tendrán el coraje de llevarlas adelante.
Estos no son los únicos puntos que deberían figurar en la agenda electoral, pero sí algunos de los más importantes y perentorios. Los candidatos deben referirse a ellos y contrastar sus ideas con sus adversarios y con la opinión pública. Ya quedará a cargo de los electores juzgar su reputación y credibilidad y distinguir si lo que dicen es sensato y realista o disparatado y demagógico. Y finalmente, llegado el momento, comprobar si son personas de palabra que hacen lo que prometen o son unos charlatanes y mentirosos.