Con la reciente visita del canciller brasileño, Mauro Vieira, quedó reconfirmado que Brasil no tiene ningún apuro por iniciar la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, tal como ya lo había adelantado Enio Verri, el nuevo director general nombrado por Lula. Por un lado es lógico, porque el actual estado de cosas le conviene a Brasil y porque el plazo establecido para la revisión se cumple solo en agosto, en coincidencia con la toma de posesión de las nuevas autoridades en Paraguay. Sin embargo, según ciertos trascendidos, la demora también tiene que ver con la resistencia de poderosos intereses del sector eléctrico del vecino país que es importante conocer y tener en cuenta, porque probablemente es allí donde se va a librar la parte más dura de la batalla.
En rigor, las reivindicaciones paraguayas en Itaipú no le perjudican al Brasil como nación, ni al Estado Federal en su conjunto, tampoco a los ricos estados limítrofes que utilizan la energía de la central y mucho menos a los consumidores finales brasileños, que ya hace tiempo pagan una tarifa definida por la ley de la oferta y la demanda en un mercado desmonopolizado con amplia participación privada. Con todos estos segmentos Paraguay puede llegar a un acuerdo con relativa facilidad. Pero hay un sector que sí tendrá que asumir importantes pérdidas, y es el vinculado con la operadora estatal, antes Eletrobras, ahora ENBpar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), que es la que se apropia de las rentas resultantes de la reventa de los excedentes energéticos paraguayos en el mercado brasileño y regional.
Este es el punto neurálgico de la negociación que se avecina. Formalmente la energía generada por Itaipú como producto del aprovechamiento energético del compartido río Paraná se divide en partes iguales, 50% es de Brasil y 50% es de Paraguay, diez turbinas son de Brasil y diez turbinas son de Paraguay. En la práctica, sin embargo, por imperio del Anexo C, el socio que no consuma el total de su mitad (o sea, Paraguay) está obligado a ceder al otro socio (o sea, Brasil) la porción no consumida a cambio de una “compensación”, que es históricamente ínfima en relación con el valor de mercado de esa energía.
Por lo tanto Brasil, además de su 50%, contrata la parte que Paraguay no consume, para lo cual le paga a Itaipú el costo de producción (tarifa de Itaipú) y a Paraguay una llamada compensación, que actualmente es de aproximadamente 10 dólares el megavatio/hora, ya con el aumento que “generosamente” concedió Lula en 2009. Pero en los hechos lo que ha ocurrido es que Eletrobras, ahora ENBpar, revende esa energía paraguaya en subastas a operadores privados a precio de mercado mayorista, quedándose con enormes diferencias que deberían ser de nuestro país. Hasta el año pasado pagaban por la energía paraguaya unos 54 el MWh (44 a Itaipú y 10 a Paraguay) y la vendían a 100, 200, y más dólares el MWh.
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La justificación que se le dio a este despojo al momento de firmar el Tratado de Itaipú fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de su parte de la deuda por la construcción de la central y para asegurar la contratación de su parte de la potencia generada. Aun si fueran argumentos suficientes, que no lo son, ambas circunstancias han dejado de existir. La deuda ya está cancelada, el pasado 28 de febrero se pagó la última cuota, Itaipú ya está amortizada y Paraguay es perfectamente solvente como para cubrir el costo de producción de su porción.
Por supuesto, lo ideal sería que nuestro país consumiera toda la energía limpia, barata y renovable que le pertenece en Itaipú para su propio desarrollo, pero la realidad es que todavía tiene unos 20 millones de MWh de excedentes por año, y seguirá teniendo sobrantes por lo menos por otra década. Brasil necesita esa energía y Paraguay está más que dispuesto a vendérsela, pero ya no por migajas, sino por su valor real. O la paga directamente a precio de mercado, a lo sumo con un buen descuento de socio y amigo, o permite que sea Paraguay, y no ENBpar, el que la comercialice en el mercado regional y obtenga las ganancias que legítimamente le corresponden por la explotación de un recurso natural paraguayo.
Se han cometido muchas injusticias, empezando por el precio absurdo por los excedentes paraguayos y terminando por una deuda exorbitante, de unos 65.000 millones de dólares por la construcción de la central, groseramente inflada, en gran medida espuria, cuyos intereses beneficiaron también enormemente a Brasil en detrimento de Paraguay. El pasado no se puede cambiar y es difícil de remediar, pero nuestro país ya no puede seguir regalando su valioso patrimonio. ENBpar se va a oponer y al parecer Lula está sorteando dificultades políticas al respecto, al punto de que su director general todavía no ha podido asumir, pero ese es problema de ellos.