El próximo 30 de marzo, organizaciones campesinas e indígenas marcharán por 29ª vez en Asunción, violando impunemente la “ley del marchódromo” y el derecho al libre tránsito de terceros. No reclamarán, como en septiembre último, que se entreguen combustibles para tractores, semillas de maíz y cal agrícola, ni que ciertos órganos prioricen las “gestiones para la regularización de deudas” o que el Banco Central emita “disposiciones excepcionales” para formalizar esos “compromisos”. Ahora la consigna reza “Tierras, territorio, trabajo y soberanía”, así que las demandas serán más amplias. Según se supo, se exigirá que cesen los desalojos y se repudiará el abandono de los sectores más necesitados por parte del Estado, cuya política debe “acompañar a los campesinos, a los indígenas y a otros sectores populares”. Atendiendo a la experiencia de tantos años, ya se verá qué compromisos asumirán las autoridades para que los manifestantes abandonen el microcentro capitalino tras unos días, y cuándo volverán ellos para protestar por el incumplimiento de las promesas hechas, incluso por órganos ajenos a las cuestiones planteadas.
Nuestro editorial del 16 de septiembre de 2022 se tituló “Otra farsa incumplible entre el Gobierno y campesinos”, aludiendo a la montada en la ocasión antes referida, con la participación de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y de la Articulación Campesina, Indígena y Popular, por un lado, y de cinco entidades públicas, por otro: el Ministerio del Interior y el de Agricultura y Ganadería, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de Emergencia Nacional y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Probablemente podamos volver a publicar el mismo editorial sin modificaciones.
Acaba de saberse –extraoficialmente– que la demostración del pasado 6 de marzo para exigir el cumplimiento de lo convenido otrora, condujo a que el Gobierno se obligó a entregar más “kits” de alimentos, a que el Banco Central enviara al Nacional de Fomento las ya aprobadas “disposiciones excepcionales” sobre la regularización de deudas y a que el Indert reactivara la “mesa de trabajo” con cuatro órganos estatales. Se informó en el cónclave que el Ministerio de Hacienda está buscando 14.000 millones de guaraníes para alentar la producción agraria familiar, en tanto que la CNI pidió la mediación del Ministerio del Interior ante el de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en torno a un misterioso pedido.
Es de preguntarse por qué los productores de alimentos tendrían que recibir esos “kits” y por qué el Banco Central, que no suscribió el convenio de 2022, se creyó obligado a dictar las “disposiciones” mencionadas, violando la norma constitucional que le prohíbe “adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o requisitos diferentes o discriminatorios y relativos a personas, instituciones o entidades que efectúan operaciones de la misma naturaleza”. En estas condiciones, y para ser justo, el Banco Central deberá dictar también “disposiciones extraordinarias” en todos los casos en que otros actores económicos no puedan o no quieran pagar sus deudas, por la razón que fuere.
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En cuanto a los fondos que se estarían buscando para agricultura familiar, resultará imposible hallarlos, salvo que se amplíe el Presupuesto o se efectúe una gran reprogramación; serían administrados por la CNI, dos de cuyos cuestionados dirigentes –Jorge Galeano y Belarmino Balbuena– aspiran hoy a ser senadores. Por lo demás, el Ministerio del Interior, que no debió haber firmado el acuerdo del 14 de setiembre de 2022 por ser ajeno a las cuestiones planteadas, tiene tareas más importantes que la de fungir de mediador ante el MSPBS.
A las concesiones ilegítimas referidas se sumarán las nuevas promesas a hacerse a raíz de la marcha venidera, las que pueden ser muy generosas, dada la cercanía de las elecciones generales. A esta altura, puede afirmarse que la periódica farsa comentada no contribuye a elevar el nivel de vida de la población rural, sino, en el mejor de los casos, a despertar falsas expectativas. Seguir proveyendo “kits” de alimentos a productores de alimentos está lejos de aquel sabio proverbio chino de “no regalarles pescados sino enseñarles a pescar”. Lamentablemente, mucha gente sigue esperando todo de “papá Estado”, cuando que el paternalismo estatal ahoga la iniciativa privada y reproduce la pobreza.