Nuestra democracia también es participativa, en el sentido de que se espera que la sociedad civil se ocupe de los asuntos de interés general. La triste experiencia enseña, precisamente, que ella no debe limitarse a confiar en que el Congreso, las Juntas Municipales y Departamentales u órganos de control como la Contraloría General de la República, Secretaría Anticorrupción, Dirección General de Contrataciones Públicas, entre otras instituciones, cumplan con su obligación de velar por el correcto empleo del dinero público: es necesario que la ciudadanía se involucre, no solo siguiendo de cerca el desempeño de los administradores, sino incluso tomando iniciativas tendientes a transparentarla o a develar los desmanejos inadvertidos o no sancionados por los órganos competentes. La oportuna intervención ciudadana ha servido, por ejemplo, para que en 2008 se reconozca judicialmente el acceso a la nómina de funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, con sus respectivos sueldos, y para que hace unos días el Ministerio Público impute por lesión de confianza, a partir de una denuncia penal, a un exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, involucrado en el escándalo del metrobús.
En coincidencia con esta última actuación, largamente esperada, salió a la luz una muy meritoria de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), que sirvió para que la opinión pública se entere del descomunal fraude que se venía cometiendo con la validación del billetaje electrónico, incluso en buses que al parecer no cumplían con su itinerario.
La información fue requerida por la Ley N° 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, pero no tuvo respuesta en el plazo legal, por lo que fue obtenida mediante un amparo judicial. Los datos, que ya fueron denegados a este diario en 2021 porque el Viceministerio de Transporte la juzgó “confidencial”, permitió saber hasta qué punto podían llegar los “empresarios” chantajistas para arrancar más dinero al erario, es decir, a los contribuyentes de todo el país. Integrada por jóvenes, la Opama muestra que las nuevas generaciones pueden contribuir a forjar un Paraguay más digno de su historia, bregando por la decencia en los sectores público y privado, en beneficio de todos. La alianza entre casos de corrupción pública y privada tiene que ser combatida a nivel nacional, departamental y municipal, sin olvidar las entidades binacionales, ejerciendo los derechos constitucionales a informarse, a peticionar a las autoridades, a asociarse con fines lícitos, a recurrir a la Justicia y a manifestarse pacíficamente, entre otros.
La cuestión es no resignarse a que los corruptos o prepotentes hagan lo que se les antoje, haciendo prevalecer su interés personal sobre el general. En el Estado de derecho, donde la ley rige tanto para gobernantes como para gobernados, hay remedios legítimos a los que se debe apelar para poner coto a sus desmanes de todo tipo. Tratándose del hecho punible de asociación criminal, tan frecuente en las licitaciones públicas amañadas, existe hasta el deber de denunciarlo, según el Código Penal. Como resulta ilusorio esperar que la inoperante Defensoría del Pueblo cumpla con su deber, lo aconsejable es que este se defienda por sí mismo, con la Constitución y la ley en la mano.
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En el Paraguay viven alrededor de dos millones de personas de entre 15 y 29 años de edad: la población joven tiene, pues, un peso demográfico importante, que debe hacer sentir en la vida pública, dado que su presente y su futuro dependen mucho de lo que en ese ámbito se haga o se deje de hacer; obviamente, la educación y “el primer empleo”, del que ya no se habla mucho, tendrían que ser de su especial interés. La Opama ha dado una excelente muestra de lo que se puede lograr con la cooperación para forzar la transparencia en la función pública, en pro de la decencia y del patrimonio de todos. Hay que desenmascarar a los ladrones allí donde estén, para que no sigan atentando impunemente contra el bien común, privando de medicamentos a los hospitales, de pupitres a las escuelas o de caminos a los productores agrícolas.
Cabe recordar aquí algunas conquistas históricas en materia de transparencia y acceso a la información pública como cuando se logró que el pleno de la Corte Suprema de Justicia en 2020 sentenciara que las declaraciones juradas de quienes ejercen o ejercieron una función en el Estado son, en esencia, informaciones públicas.
El desinterés por cuanto acontece en la sociedad solo favorece a quienes la saquean a diario: la “política del avestruz” ni siquiera beneficia a quien la practica, porque las consecuencias de la corrupción o de la arbitrariedad también lo afectarán tarde o temprano, directa o indirectamente. Ojalá que iniciativas como la comentada se multipliquen en todo el país, con la participación entusiasta de los jóvenes comprometidos con un Paraguay mejor y sin complicidades con quienes lo castigan con sus latrocinios permanentes, tanto dentro como fuera de la función pública. Sin duda, vale la pena luchar por la honradez, esto es, contra el bandidaje de guante blanco, que hasta inventa pasajeros para quedarse con el dinero ajeno.