Habiendo asistido solo la mitad de los ochenta diputados, la Cámara Baja suspendió ayer –por falta de quorum atribuible a la campaña electoral– nada menos que cuatro sesiones extraordinarias, tres de ellas de notable importancia para el bien común. En la primera, debía tratarse el libelo acusatorio contra Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, por haber influido en la remoción de un agente fiscal que procesó a un amigo suyo y en la presentación de declaraciones juradas presuntamente falsas, entre otras cosas. En la segunda, el nuevo viceministro de Transporte, Óscar Stark, debía haber sido interpelado sobre las notorias omisiones de su antecesor con respecto a las “reguladas” del transporte público en la Gran Asunción y al fraude del billetaje electrónico. En la tercera sesión tenía que haberse estudiado la ampliación presupuestaria del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) para la compra de productos oncológicos, dado el desabastecimiento que afecta la vida y el bolsillo de los pacientes.
Ninguna de las referidas cuestiones fue lo bastante importante como para inducir a la mayoría de los diputados a que concurran al asiento de sus bien remuneradas funciones, a las que se suman un seguro médico de privilegio y “cupos” para instalar a sus allegados en el Presupuesto, aunque sean superfluos. Les pareció inoportuno interrumpir sus respectivas campañas electorales para ocuparse de cuestiones de inmediato interés general, sin perjuicio, desde luego, de que salgan por allí a prometer salud, educación, trabajo seguridad. La mayoría de los ausentes en el tratamiento de las tres cuestiones antes referidas estuvo integrada por representantes colorados de ambos sectores, que aspiran a ser reelectos, es decir, a seguir gozando de las mieles del poder con el mayor descaro: de los 41 que estuvieron ausentes, 34 buscan de nuevo un cargo electivo, en la misma Cámara, en el Senado o en una Gobernación.
Abandonaron su labor legislativa costeada por los contribuyentes para engañar a los electores hasta última hora, buscando su reelección con el mayor descaro, como si hubieran honrado el escaño que ocupan. Es improbable que se les descuente la jugosa dieta que cobran por trabajar poco y tener más de dos meses de vacaciones, así como es comprensible que aspiren a continuar disfrutando de sus privilegios. Resulta que, como sostuvo su excolega Carlos Portillo, ellos no son como el común de los ciudadanos, pues gozan de un status especial que suele colocarles por encima de la ley y de la moral para, entre otras cosas, traficar influencias y faltar a las sesiones que se les antoje, sin perder su investidura. Como la ley no exige que sean idóneos, pueden hacer gala de su ignorancia impune; como tampoco están sujetos a mandatos imperativos, solo se deben a su conciencia, que suele ser inmune a los remordimientos.
Es de justicia señalar que en las cuatro sesiones frustradas estuvieron presentes los ocho diputados ajenos a los partidos tradicionales, esto es, Sebastián Villarejo, Rocío Vallejo, Sebastián García, Kattya González, Norma Camacho, Tito Ibarrola, Carlos Rejala y Jorge Brítez: cumplieron con su deber de representar a la ciudadanía, cuando se iban a tratar temas relacionados con la salud pública, la institucionalidad y el transporte de pasajeros. Es de esperar que las urnas castiguen a quienes optaron por no interrumpir su campaña electoral mentirosa, para tratar de ganar los votos de aquellos incautos que aún creen que un diputado, por sí solo, puede traer el cielo a la tierra en beneficio de todos y no solo para él mismo y su clientela.
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Resta la esperanza de que la Cámara Baja se renueve lo suficiente para que ninguna sesión extraordinaria tenga que ser levantada porque sus miembros priorizaron el electoralismo en perjuicio del interés general de que el transporte público opere como es debido, de que los enfermos tengan los fármacos que requieren y de que la institucionalidad sea respetada. Es simplemente bochornoso que los defensores de los despropósitos de Jorge Bogarín Alfonso y de las complicidades del Viceministerio de Transporte con unos “empresarios” chantajistas, así como los indiferentes ante las trágicas carencias del Incan, hayan esquivado el bulto para buscar un apoyo electoral basado en el embuste o en la promesa de un cargo público: se les paga para que deliberen y voten en la Cámara sobre asuntos de interés nacional y no para que emprendan campañas fraudulentas.
Los legisladores no pueden quejarse, en absoluto, de que su carga laboral es excesiva. Bien se les puede exigir, entonces, que se esfuercen por retribuir la confianza del pueblo y el dinero de los contribuyentes con su asistencia o presencia tanto en las comisiones asesoras como en las sesiones plenarias. El hecho de que abandonen sus funciones en busca de los votos que les sirvan para conservar sus escaños es un buen motivo, precisamente, para no volver a sufragar por unos aprovechados que solo pretenden vivir a costa de los contribuyentes, sin tan siquiera calentar una banca y levantar la mano cuando algún tema se someta a votación, por más relevante que sea.