Hoy se reúne el pomposamente denominado “Consejo Nacional de Salarios Mínimos”, que probablemente anunciará un ajuste del 5,1%, en cuyo caso el básico quedará en 2.680.372 guaraníes a partir de julio. Con ello el Gobierno, que es el que preside el consejo y el que toma la decisión final, querrá enviar la señal de que escucha a todos los sectores involucrados y actúa con un criterio de equidad y justicia social. Nada más alejado de la verdad. En el mejor de los casos la medida alcanzará a una muy pequeña minoría de menos del 10% de la fuerza laboral, incluidos funcionarios públicos, mientras que la suba de precios, que ya asciende en promedio al 26% en lo que va de la gestión de Mario Abdo Benítez, afecta duramente a toda la población, especialmente a los sectores más pobres.
Y lo irónico del asunto es que el principal causante y responsable de tal suba de precios es precisamente el Poder Ejecutivo, como administrador del Estado, secundado por mayorías parlamentarias que han llevado al país a peligrosos niveles de déficit y endeudamiento.
Cuando sube el precio de un producto o de un grupo determinado de productos, como ha sido, por ejemplo, el caso de los combustibles por efecto de la guerra en Ucrania, puede deberse a un problema coyuntural externo. Pero si suben todos o casi todos los precios, siempre, sin excepción, ello se debe a un desequilibrio monetario.
El dinero no es más que un bien de cambio, no implica riqueza en sí mismo, sino en relación con lo que se puede adquirir con él. Una economía debe tener la cantidad necesaria de dinero para representar los bienes y servicios que produce o, en otras palabras, para acompañar la evolución del Producto Interno Bruto. Para usar una conocida metáfora, es como el aceite de un motor: debe tener la medida justa, no le tiene que faltar, pero tampoco sobrar. Si se emite más dinero que el necesario, inmediatamente este pierde su valor en comparación con los bienes y servicios que representa.
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La inflación en Paraguay se empezó a disparar en mayo de 2021 como consecuencia directa de la excesiva emisión monetaria para sostener el gasto público en plena paralización por la pandemia y, en menor medida, para subsidiar paliativamente a algunos sectores. Sea o no válida la excusa, el hecho es que los billetes y moneda en circulación pasaron de 11,6 billones de guaraníes cuando asumió este Gobierno en agosto de 2018 a 18,1 billones en diciembre de 2021, para solo entonces comenzar a bajar paulatinamente con medidas de restricción adoptadas por el Banco Central, que a su vez afectaron las tasas de interés y la inversión.
Eso es un 56% de aumento de circulante frente a un crecimiento del PIB del 3,6% en el mismo período. Consecuentemente, la inflación media anual pasó del 3,2% en 2018 al 6,8% al cierre de 2021, alcanzando los dos dígitos y manteniéndose arriba del 10% a lo largo de casi todo 2022, y ubicándose en torno al 5% en la actualidad, todavía por encima de un rango que garantice una razonable conservación del valor adquisitivo de los ingresos de las familias.
A esto hay que sumar el importantísimo agravante de que la suba de precios fue y sigue siendo significativamente mayor en productos de primera necesidad, que es en lo que gastan más los que menos tienen. Como ejemplo, si bien la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor en mayo fue de 5,1%, la de los alimentos fue del 7,5% y llegó a ser del 19,8% en abril de 2022. Desde que asumió este Gobierno, los bienes alimenticios subieron 39%, con un tremendo impacto en las familias de bajos ingresos, que gastan gran parte de lo que tienen en comida.
A los asalariados formales que ganan el mínimo se les compensó con sucesivos reajustes, del 27% en total si se confirma lo de hoy. Pero solo la mitad de la fuerza de trabajo percibe salarios y, de esa mitad, no más de un quinto cobra salario mínimo, ya incluidos los asalariados informales (talleres, comercios, construcción, etc.), que no necesariamente se beneficiarán, y los funcionarios públicos que están en el mínimo, que tendrán el pequeño aumento con la ejecución del presupuesto del año que viene. Con mucho optimismo, el ajuste llegará a 350.000 personas, de una población económicamente activa de 3.700.000.
Por lo tanto, si este o cualquier gobierno, así como las fuerzas políticas en el Congreso, realmente buscan equidad y justicia social, de lo que se deben ocupar es de racionalizar el gasto público, restablecer el equilibrio macroeconómico, reducir la inflación y el tipo de cambio, para proteger el valor del dinero de todos los trabajadores y de toda la ciudadanía.