Cuando se le preguntó sobre las nuevas emisiones de bonos y la toma de nuevos empréstitos, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que el endeudamiento es solo el síntoma y que la “verdadera enfermedad” es el déficit fiscal. Sin embargo, en vez de atacar decididamente la enfermedad, lo que hace es lo contrario, al postergar el acotamiento del déficit al tope legal del 1,5% del PIB con el argumento de “no someter a la población” al duro ajuste que teóricamente ello supondría. En realidad, hace años que la población viene soportando el ajuste, precisamente debido al excesivo gasto estatal. El que se resiste a ajustarse es el sector público, que representa solo el 10% de la fuerza laboral. El otro 90% seguirá sufriendo las consecuencias.
Déficit fiscal significa sencilla y llanamente que el Estado gasta más de lo que tiene, y en rigor hay solo tres maneras posibles de cubrir el agujero, o con más impuestos o con más deuda o con emisión monetaria por encima de la necesaria. En los tres casos la que carga con la cuenta es siempre la ciudadanía, ya sea mediante sus tributos, actuales o futuros, ya sea como usuarios de servicios estatales monopólicos, ya sea por explotación de recursos naturales que son patrimonio de la República, ya sea a través de la devaluación y la inflación causadas por desequilibrios macroeconómicos.
Por lo tanto, es una gran falacia sostener que no se reduce el déficit para no golpear a la población. Al contrario, desde la pandemia la única golpeada ha sido la gente que no vive del Estado, pero que aporta para mantenerlo, que es la enorme mayoría. Nadie en el sector público ha dejado de cobrar religiosamente su sueldo y sus bonificaciones, aun sin trabajar, no ha habido reducciones masivas de funcionarios, ni siquiera de planilleros, varios sectores han recibido aumentos salariales.
En el sector privado no se corrió la misma suerte. Con la paralización y varios años seguidos de recesión o estancamiento, la gente ha perdido sus empleos, ha tenido que reacomodarse, sobre todo en un contexto como el paraguayo, con alto porcentaje de trabajo independiente, informal o semiinformal, con muy pocas grandes empresas capaces de sostener a su personal o al menos responder a cargas sociales. Y aun estas han tenido que apretarse el cinturón, achicar sus planteles, aplazar o redefinir sus planes de inversión, con la consecuente pérdida de oportunidades.
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Peor aún, la población ha sufrido una pérdida sistemática del poder adquisitivo de su dinero por suba generalizada de precios, atribuible al desborde de los agregados monetarios. La inflación es conocida como “el peor de los impuestos”, porque impacta más a los que menos tienen, por la sencilla razón de que estos gastan todos sus ingresos. Durante la administración de Mario Abdo Benítez, el Índice de Precios al Consumidor subió 26% como promedio, con el importante agravante de que el fenómeno fue mucho mayor en productos de primera necesidad, como alimentos, que subieron casi 40% en el mismo lapso. Para tener una idea, cada 7% de inflación anual equivale a la pérdida de un aguinaldo completo. También subieron las tasas de interés y el tipo de cambio, que pasó de 5.800 a 7.350 guaraníes por dólar.
Todos estos son efectos, “síntomas” de la “verdadera enfermedad”, como bien lo ilustra la metáfora de Fernández Valdovinos. La causa no es otra que el déficit fiscal. Paraguay lleva más de una década de un saldo rojo que se ha vuelto crónico, que empezó a dispararse en 2019, se desbarrancó durante la pandemia por las leyes de emergencia, y supuestamente tenía que volver a converger en el tope legal en 2024, pero el nuevo Gobierno ya “pateó” esa meta para 2026, y eso en principio, porque si mienten una y otra vez no hay razones para esperar que no lo harán nuevamente. Se alegó que las cifras estaban maquilladas y que el déficit real de 2023 estará por arriba del 4% del PIB una vez se paguen las deudas con proveedores. Está muy bien que se haga un sinceramiento, pero el que se continúe con un alto déficit es porque quieren seguir gastando por encima de las posibilidades, no hay otro motivo.
Si esto fuera para invertir con suficiente tasa de retorno en beneficio de la productividad de la economía y del desarrollo nacional se podría justificar, pero el 70% de los ingresos tributarios va a salarios de la administración central y casi el 90% de todo el Presupuesto está atado a gastos rígidos, en no poca medida para pagar las deudas ya asumidas, que se volverán a acrecentar. Y las primeras señales del nuevo Gobierno, con autoaumentos, incremento populista de subsidios, sin modificaciones estructurales en la composición del gasto y sin muestras de austeridad, por ahora no dan mucho margen para la esperanza.