Los grandes acontecimientos que se han sucedido en los últimos tiempos, si bien son de índole delictiva, les vienen muy bien a ciertas personas, aunque nada tengan que ver con los hechos en sí. Al impresentable intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), le benefician ampliamente, pues el desvío de la atención le permite continuar impasiblemente sin informarles a los asuncenos dónde están los 500.000 millones de guaraníes que después se deben devolver con sus impuestos y tasas.
La Ley N° 7021/22 prevé los llamados contratos de excepción, que pueden realizarse sin seguir los procesos normales de concurso de precios cuando, entre otras cosas, ocurran desastres naturales que apeligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente, se den casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan obtener bienes o servicios o ejecutar obras en tiempo oportuno y haya que comprar bienes o contratar servicios, por urgencias impostergables. Mediante este procedimiento extraordinario, que permite obviar una licitación pública o una de menor cuantía, e invocando razones de “emergencia”, la Municipalidad de Asunción ya celebró en lo que va del año once contrataciones directas con firmas desconocidas, por un valor total de 7.178 millones de guaraníes, con lo que las sumas comprometidas en tal concepto desde 2020 ascienden a unos 60.000 millones de guaraníes, debido a diecisiete declaraciones de “estado de emergencia ambiental”, a los que se suman los 30.000 millones de guaraníes adjudicados el año anterior, sin tan siquiera invocar tal pretexto, para un nuevo sistema de tránsito.
El hecho de que incluso se ignore quiénes son los contratistas agraciados denota una grosera falta de transparencia, que se opone a la ley antes citada, según la cual solo se puede omitir la publicidad de las excepciones motivadas en la seguridad del Estado, siempre que este carácter esté definido en una normativa. Como es obvio, ninguna de las “emergencias” invocadas tuvo que ver con la circunstancia referida. Por lo demás, no surgieron de improviso ni requirieron una acción inmediata, y valga como ejemplo que la Municipalidad contrató este año la compra directa de colchones y frazadas, pese a que ya en 2022 había advertido su necesidad, es decir, no había mucha urgencia.
Ciertamente, no debe excluirse la posibilidad de que en todos los casos se haya dejado pasar el tiempo sin tomar medidas hasta que se genere una situación de “emergencia” que sirva de pretexto para celebrar contratos de excepción con proveedores amigos. La negligencia intencional puede ser muy rentable, pero no precisamente para los vecinos. Los numerosos convenios de este tipo promovidos por el investigado intendente en torno al affaire de los 500.000 millones de guaraníes y aprobados por la complaciente Junta Municipal, habrían infringido los principios de economía y eficacia, así como de igualdad y libre competencia, que rigen la Ley N° 7021/22 antes citada y que apuntan a impedir las corruptelas.
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Si incluso la pandemia sirvió para perpetrar negociados, no debería sorprender que también en tiempos normales el vergonzoso intendente y la gran mayoría de los ediles se burlen con fines inconfesables de la ley mencionada. Aunque sea comprensible que tengan mucho que ocultar, tienen el deber de identificar a los misteriosos contratistas de “emergencia” y de justificar con detalles, ante la ciudadanía y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los motivos por los que obviaron los procedimientos normales de contratación. La ley no debe emplearse como una mera coartada para justificar actuaciones que hacen presumir la intención de favorecer a amigos de la casa, esperando algo a cambio.
El Ministerio Público debería esforzarse en avanzar en la causa abierta por lesión de confianza al cuestionado intendente, sin olvidar la responsabilidad que corresponda a los concejales que habrían colaborado en el gravísimo entuerto de los bonos, que parece conducir a un escandaloso saqueo a los contribuyentes de Asunción.