Supimos que íbamos de mal en peor desde que Santiago Peña pronunció el lamentable discurso en el cual dejaba en claro que no importa el esfuerzo que realicen los jóvenes por sumar méritos en su hoja de vida, no importa la experiencia que tengan los médicos en la labor que realizan, no importa la trayectoria que tenga un profesional cualquiera sea su disciplina; siempre serán considerados “guapitos”, y por “guapitos” nadie consigue empleo dentro del Estado sino únicamente agitando el pañuelo colorado. Y fue allí donde tomó sentido que el propio Peña haya renunciado a sus bases liberales, a su partido de tradición familiar para enrolarse en el padrón de los colorados y así llegar al poder. Con esto demostraba que no importan los ideales, las convicciones, el esfuerzo, la meritocracia, incluso la formación superior que él mismo recibió en las mejores aulas extranjeras, lo que importa es saber con quién estar bien para estar protegido.
Luego lo vimos molesto por las críticas de medios de comunicación independientes, al punto de increpar a algunos reporteros al ser evidenciadas ciertas llamativas decisiones, como la transferencia de fondos jubilatorios de IPS a un banco en cuyo holding posee acciones, o cuando promulgaba leyes inconstitucionales como la “Ley Garrote”. De esta manera, su trato con la prensa demostraba la intolerancia a las críticas o a la diversidad de opinión, nada más alejado de los conceptos básicos de pluralismo y participación que sustentan la democracia.
En similar línea de comportamiento, hemos sido testigos de las aberrantes decisiones adoptadas por el Congreso Nacional que cada día se esfuerza en demostrar su mejor perfil antidemocrático. Leyes como la que persigue a las organizaciones sin fines de lucro, apodada “Ley Garrote”, han sido el ejemplo de que, si uno no asiente con la cabeza las decisiones del Gobierno y si se atreve a contradecirlas, criticarlas o escrutarlas, se convierte en el blanco de persecuciones. Hemos oído cómo desde el seno del Congreso Nacional, en audiencia pública, nuestros “representantes” han procedido a injuriar y denostar en contra de directores y encargados de ciertas organizaciones que se caracterizan por ser una voz crítica contra el Gobierno. Hemos incluso escuchado un audio filtrado del senador “oenegero” Gustavo Leite en el cual hace alarde de una campaña de hostigamiento y persecución a ciertas ONG a quienes consideran enemigas, pero al destaparse la olla y descubrirse que el mismo Leite, como propulsor de la “Ley Garrote” y de la campaña de desprestigio, también era un “oenegero”, vimos que con gran habilidad diferenciaban a las “ONG amigas” de las enemigas.
Como no podría estar ausente de esta línea de persecución a los “enemigos” y blindaje a los “amigos”, el Poder Judicial también se ha esforzado por estar presente en esta ecuación. Recordemos que estamos a dos meses de cumplirse el primer aniversario del mayor sabotaje a la democracia realizado por nuestros legisladores con la expulsión de la entonces senadora Kattya González, quien ha sido destituida de una banca cuya legitimación le fue otorgada por cien mil electores, por unos cuantos antipatriotas, quienes violando cualquier voluntad popular decidieron imponer el capricho cartista de aplastar la democracia. Esta ilegítima decisión fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva más de 10 meses guardando un ruidoso silencio que lo único que causa es inseguridad jurídica, desesperanza, desconfianza en la justicia y, por supuesto, un quebrantamiento a las bases de la democracia representativa.
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Este desprecio por la justicia proveniente de la propia Corte Suprema no es casual ni es una conducta aislada de la línea de comportamiento de nuestras autoridades. Es la expresión palpable de que las garantías constitucionales son un simple ornamento legislativo: lo realmente importante es estar del lado de los amigos, porque si se está en la vereda contraria, entonces no habrá justicia.
Y por supuesto, el invitado de honor, el Ministerio Público, que tampoco podía faltar para completar el cuadro de la inmoralidad, se ha destacado en la última semana con una “sanción ejemplificadora” en contra de un médico forense que se animó a denunciar públicamente las carencias de la institución. El mismo ha sido sometido a un sumario administrativo tras desnudar ante los medios de prensa la falta de recursos de que adolece el Ministerio Público, y como consecuencia a su “audaz atrevimiento”, ha sido sancionado con una suspensión sin goce de sueldo por el plazo de un mes. Dicha injusticia ha sido refrendada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, consagrando esta sanción como una censura indirecta, ya que dentro de aquella institución, que según la Carta Magna “representa a la sociedad”, todos los funcionarios saben de ahora en adelante que si osan denunciar irregularidades correrán la misma suerte que aquel valiente médico forense.
Es decir, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y también el Poder Judicial, nos han demostrado de manera clara y sin lugar a malas interpretaciones que solo existen dos caminos: callarse y someterse o ser considerados “enemigos” del poder.